La Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione acompañada por la Subsecretaria del Registro Provincial de Violencia Institucional y Afectaciones de los Derechos Humanos, Lic. Lorena Negro, realizó este lunes una inspección no anunciada a la Unidad Penitenciaria Nº I de la localidad de Coronda con el objetivo de relevar el estado de situación del establecimiento y las condiciones de detención de las personas que se encuentran allí privadas de su libertad.

En este marco, la Defensa Pública solicitó a las autoridades del penal información acerca de las seis muertes en custodia ocurridas en el año 2017. También requirió información sobre la cantidad de personas sometidas a aislamiento.

Cabe destacar que actualmente se encuentran alojadas 1426 personas en la Unidad Penitenciaria de Coronda , y algunos de ellos están sometidos a un régimen de encierro más gravoso en tanto implica el encierro en celdas separadas del resto de la población por motivos diversos.

En su tarea de contralor, el SPPDP requirió además informes sobre la cantidad de internos de la Unidad Penitenciaria que acceden a las actividades educativas -tanto formales como no formales- y laborales. En cuanto a la educación formal, entre el nivel primario y la Escuela de Enseñanza Media para Adultos -EEMPA-, habrá cupo en este 2018 para alrededor del 10% de internos. La Jefatura también especificó que, a fines del ciclo lectivo del año 2017, fueron 35 los internos que iniciaron los trámites para cursar las distintas ofertas académicas que ofrece la Universidad Nacional del Litoral. Sobre la educación no formal la unidad brindará un taller de dos módulos que tendrá una capacidad de 30 cupos mientras que también realizará talleres de capacitación en dos módulos para un total de 24 internos.

A su vez, el 46% de la población total tiene acceso al trabajo en la unidad tanto intramuros como extramuros, según datos brindados por las autoridades del penal.

La ocasión también fue propicia para realizar una visita pormenorizada al Pabellón Nº 4 del penal, en cual se encuentran alojadas 106 personas al día de hoy. Allí el SPPDP recibió quejas por parte de los internos y constató falencias en las condiciones edilicias y estructurales del sector, olores nauseabundos, presencia de abundantes insectos y pobres condiciones de limpieza.

Asimismo, un número de personas privadas de su libertad que pertenecían a la órbita del sistema conclusional de causas manifestaron desconocer quién es el defensor que los asiste. En este sentido es importante destacar que sobre fines del año pasado la Legislatura santafesina aprobó la ley de traspaso de causas del anterior sistema procesal penal que rigió en la Provincia hasta el 9 de febrero de 2014. De este modo, todos los presos del sistema residual, hoy eliminado, pasarían a la órbita del SPPDP, así como también deberán hacerlo algunos de los defensores. No obstante haber tenido formalmente asistencia técnica, se constató que gran parte de los internos desconocía incluso la identidad de sus defensores, por lo cual transitan actualmente por un limbo jurídico. Por otro lado, manifestaron que existen demoras en el otorgamiento de permisos para las diferentes salidas y dificultades para el avance en el sistema de progresividad de la pena.

El equipo perteneciente a la Subsecretaría del Registro de Torturas se halla abocado al análisis de la información recabada a fin de elaborar un informe para el registro y realizar los reclamos que corresponden ante las autoridades competentes.

Asimismo, la Defensoría Provincial ha iniciado en el mes de diciembre solicitudes de informes al Poder Ejecutivo y a las autoridades del Poder Judicial sobre el volumen de causas cuyo traspaso ha dispuesto la Ley, así como la cantidad e identidad de los funcionarios.