La libertad de Alberto Fujimori, indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre, cuando había cumplido 12 de los 25 años de condena por crímenes de lesa humanidad, depende de una corte nacional y de otra internacional. 

Ayer, un tribunal de la Sala Penal Nacional resolvió que el político debe ser procesado judicialmente por el caso Pativilca, la matanza de seis personas, cometida en enero de 1992 por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército que formó su Gobierno para supuestamente combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso, pero que asesinó a unas 60 personas, entre ellas menores de edad, 

La fiscalía pide procesar en este caso a Fujimori junto a otras 23 personas, entre ellas exintegrantes del grupo paramilitar y de las Fuerzas Armadas. Los fiscales piden 25 años de prisión para el autócrata, de 79 años, a quien acusan de ser autor mediato de los delitos de homicidio, secuestro y asociación ilícita perpetrados por el Grupo Colina.

Kuczynski otorgó al expresidente en Nochebuena un indulto humanitario y el derecho de gracia, un beneficio que cierra los procesos judiciales pendientes. El proceso contra Fujimori se produce después de que la justicia chilena autorizase a Perú en junio el inicio del juicio al expresidente por el caso Pativilca. Sin embargo, es ahora cuando un tribunal podrá comenzar a juzgarlo. El expresidente fue extraditado de Chile en septiembre de 2007, y por ello la justicia de ese país evalúa los casos adicionales a los primeros delitos por los cuales concedió la extradición.

El Colegiado B de la Sala Penal Nacional indica que no es aplicable a Fujimori el derecho de gracia por razones humanitarias, por lo que no se le excluirá del juicio. Añade, además, que la resolución del Poder Ejecutivo que concedió el beneficio “no contiene el sustento del otorgamiento de la gracia”.

Los magistrados aseguran que, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional, “la gracia presidencial debe ser concedida por motivos humanitarios en los casos en que el procesado sea portador de una enfermedad grave e incurable en estado terminal, lo que no se condice con el estado de salud del procesado Fujimori”.

El expresidente peruano entre 1990 y 2000 dio un autogolpe en 1992 y terminó huyendo del país, en noviembre de 2000, cuando empezaba su tercer período como presidente, después de que fuera acusado de corrupción. La Procuraduría ad hoc que investigó su mandato calcula que el país perdió 6.000 millones de dólares por la corrupción del régimen cívico-militar.

En 2009, fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas también por el Grupo Colina en 1991 y 1992, respectivamente. Los familiares de las víctimas de ambas masacres son quienes más se han opuesto al indulto humanitario concedido en diciembre. Desde entonces, en Lima y las principales ciudades de Perú se han realizado cinco marchas multitudinarias contra el indulto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, además, debe emitir una resolución acerca de si el Estado peruano ha incumplido, con el indulto, sus obligaciones internacionales contenidas en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Christian Huaylinos, uno de los abogados de los familiares de las víctimas de Pativilca, dijo a EL PAÍS que sus defendidos sienten “gran alivio”. “Ellos renuevan su confianza en la justicia peruana. Tenían la esperanza de que la justicia resuelva de acuerdo a sus derechos a la verdad y la justicia”, aseguró.

El abogado de Alberto Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, declaró a la emisora Radioprogramas que está evaluando la impugnación de la resolución, pero que no se opone a que su cliente pase a la condición de procesado en el juicio.

Pérez ha solicitado al Poder Judicial que anule una orden que prohíbe la salida del país y que regía debido a la condena de 25 años por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, pero la defensa del caso Pativilca ha pedido que espere la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del indulto, antes de tomar una decisión de revertir dicha limitación al fundador del fujimorismo.

Según una encuesta de finales de enero, el 49% de los peruanos está en contra del indulto a Fujimori y un 50% a favor. La decisión de Kuczynski provocó la renuncia de dos de sus ministros y dos congresistas de su partido, además, de la escisión de la bancada de Fuerza Popular, antes liderada férreamente por Keiko Fujimori.