Cuatro décadas atrás, la Junta Militar dio a conocer el "documento final" con el que se trató de justificar los crímenes de lesa humanidad cometidos, a los que tildó de "errores", y hacer borrón y cuenta nueva de cara al futuro, al afirmar que las decisiones tomadas sólo podían ser sometidas "ante el pueblo y el juicio de la historia".

Tras la derrota en la Guerra de Malvinas, que sacudió a nivel interno y externo el régimen militar, y frente a los masivos reclamos sociales y políticos, la dictadura, a cargo del presidente de facto Reynaldo Bignone, no tuvo otra salida que empezar a diagramar el modo en que dejaría el poder y haría una transición hacia la tan ansiada democracia.

Pero antes de dejar la Casa Rosada, los militares querían asegurarse que la opinión pública no se quedara con una mala imagen del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional y para ello elaboró el "Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo": en breves 16 carillas, la cúpula represora intentó fundamentar su accionar y reconoció que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, aunque los tildó de "errores".

Previo a la difusión del "Documento final", el 14 de abril se reunieron en el Edificio Libertador los integrantes de la Junta Militar, Cristino Nicolaides, Jorge Isaac Anaya y Augusto Jorge Hughes, junto al presidente de facto, Bignone, para diagramar cómo se daría a conocer ese informe y cómo allanar el panorama para que pudiera ser bien interpretado por la población: por esa razón también convocaron a ese encuentro al secretario de Información Pública, Clodoveo Battesti, y al ministro del Interior, Llamil Reston.

Según consta en el acta 256, en aquella reunión se definió que tres días antes de dar a conocer el informe se iban a "difundir en forma moderada, en noticieros de TV y radiales, imágenes y comentarios relativos a acciones terroristas a nivel internacional, evitando saturación" y ponía como ejemplo "España (ETA), Italia (Brigadas Rojas), Alemania (Grupo Baader Meinhof), Francia (Brigadas Revolucionarias)".

El "Día D", así fue tildada por la dictadura la fecha elegida para emitir el documento final, fue el 28 de abril de 1983 a las 22: el modo elegido fue la cadena nacional.

Imágenes de gente caminando tranquilamente por calles y plazas, el tránsito en la zona del Congreso y rostros de transeúntes dan comienzo a la pieza audiovisual, para luego mostrar la silueta de la Argentina y explosiones sobre ella para contar sobre el accionar de la "subversión", al que definió como un "ejército clandestino".

A lo largo de 44 minutos, el locutor leyó el "Documento final", en el que la dictadura afirmó que la situación de la Argentina respecto a las organizaciones guerrilleras era "inédita, excepcional y límite" y aclaraba que esos adjetivos eran "ciertos" y no buscaban "ningún propósito exculpatorio".

Asimismo, reconoció que "en este marco, casi apocalíptico, se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar, a veces, los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales y que quedan sujetos al Juicio de Dios en cada conciencia y a la comprensión de los hombres".

"Aquellas acciones que como consecuencia del modo de operar pudieron facilitar la comisión de hechos irregulares y que fueron detectados han sido juzgados y sancionados por los consejos de guerra", señalaron los represores.

Y, para ser explícitos sobre esos "errores", la Junta Militar afirmó que "es el tema de los desaparecidos el que con más fuerza golpea los sentimientos humanitarios legítimos, el que con mayor insidia se emplea para sorprender la buena fe de quienes no conocieron ni vivieron los hechos que llevaron a esta situación límite".

Sin embargo, en el texto manifestaron que muchos de los desaparecidos residían en el exterior "con identidad falsa"; habían caído en distintas acciones y habían sido sepultados en lugares desconocidos por sus propios compañeros; o habían sido enterrados "legalmente" como "NN" por las autoridades, ya que "muchos de los caídos en enfrentamientos con las fuerzas legales no tenían ningún tipo de documento o poseían documentación falsa".

"La nómina de desaparecidos puede ser artificialmente aumentada si se computan los casos no atribuibles al fenómeno terrorista, que se registran habitualmente en todos los grandes centros urbanos", añadieron, a la vez, desmintieron que hubiera "lugares secretos de detención".

Sobre el final del documento se establece una de las definiciones más fuertes: "Debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos, aún cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso ni la ubicación de sus sepulturas".

Además, también esbozaron el intento de lograr la impunidad a los crímenes de lesa humanidad cometidos: "Únicamente el juicio histórico podrá determinar con exactitud a quién corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o muertes inocentes".

Para mostrar una simulada transparencia, se anunció que se iba a poner "a disposición para consulta" información como la "nómina de los integrantes de las organizaciones terroristas actualmente condenados y bajo proceso por la Justicia Federal y por los Consejos de Guerra, y detenidos a disposición del Poder Ejecutivo"; "pedidos de paradero (presuntos desaparecidos) registrados por el Ministerio del Interior desde el año 1974"; "pedido de paraderos solucionados por vía judicial o administrativa"; y "bajas producidas por la acción terrorista".

Al día siguiente, decenas de familiares de desaparecidos se agolparon frente a las puertas de Moreno 717, una oficina del Ministerio del Interior, para ver si había noticias de sus parientes en la información que ofreció el Gobierno militar.

Pese a las intenciones de la Junta Militar, el "documento final" no logró acallar las voces críticas y dirigentes políticos y sindicales lo cuestionaron, así como desde el exterior también llegaron rechazo como los de los gobiernos de Italia y España e incluso del Vaticano, entre otros.