El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la disolución de la Asamblea Nacional, un día después de que el Parlamento le iniciara un proceso de juicio político, una decisión que implica el adelantamiento de las elecciones generales. 

La medida del impopular mandatario de derecha, a quien el Parlamento estaba enjuiciando por presunta corrupción, fue rechazada por el expresidente de izquierda y líder opositor Rafael Correa, que acusó a Lasso de "golpe de Estado", y por el poderoso movimiento indígena ecuatoriano, que dijo que estudiará qué respuesta da a la decisión. 

Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía avalaron rápidamente la legalidad de la mediada de Lasso en un video en el que advirtieron que actuarán con firmeza ante protestas, mientras que policías antimotines tomaron control del edificio de la Asamblea Nacional y los legisladores solo podían retirar sus pertenencias a través de un tercero. 

En un mensaje a la nación, el conservador Lasso afirmó que hizo uso de una atribución que le concede la Constitución y firmó un decreto que disuelve la Asamblea Nacional y le da poderes para gobernar seis meses por decreto. 

Lasso acusó al Parlamento de querer "desestabilizar al Gobierno, la democracia y el Estado" y dijo que tomó la decisión "por grave crisis política y conmoción interna", una de las causales contemplada para invocar el artículo 148 de la Constitución. 

En medio del alza de la violencia ligada al narcotráfico y del descontento por el alza del costo de vida, la decisión puede implicar el fin del gobierno de derecha y dar una oportunidad a la izquierda que domina el Congreso para recuperar fuerzas. 

El expresidente Rafael Correa, dijo que la medida de Lasso era ilegal y un "golpe de Estado" porque no existía ningún estado de conmoción interna, pero matizó que su decisión abría una "gran oportunidad" para deshacerse de su Gobierno y "recuperar la Patria". 

La poderosa confederación indígena Conaie, cuyas protestas han puesto en apuros al propio Lasso y a varios otros presidentes ecuatorianos, dijo que la decisión dibujaba "un escenario de dictadura" y que pronto analizará y adoptará "decisiones colectivas". 

En su mensaje a la nación, el presidente dijo que todos los esfuerzos del Poder Legislativo estaban enfocados en desestabilizar al Gobierno "con un juicio político infundado", y agregó que Asamblea buscaba "usurpar todos los poderes del Estado".

Lasso acusó al Parlamento de querer "desestabilizar al Gobierno, la democracia y el Estado" y dijo que tomó la decisión "por grave crisis política y conmoción interna", una de las causales contemplada para invocar el artículo 148 de la Constitución. 

En medio del alza de la violencia ligada al narcotráfico y del descontento por el aumento del costo de vida, la decisión puede implicar el fin del gobierno de derecha y dar una oportunidad a la izquierda, que domina el Congreso, para recuperar fuerzas. 

Qué dice la Constitución 

La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución en el Registro Oficial, el órgano electoral convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años, que comenzó en 2021 y termina en 2025.

A su vez, la ley ecuatoriana indica que el plazo ordinario para que se realice un proceso electoral luego de su convocatoria es de 120 días, es decir cuatro meses. En cumplimiento de esto, Lasso dijo que había solicitado al Consejo Nacional Electoral "la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos". 

Sin embargo, en el caso extraordinario de la disolución de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral puede disponer la realización de las elecciones en un plazo menor a 90 días, contados a partir de la convocatoria, con lo que los comicios no deben realizarse más allá del mes de septiembre. 

Correa, cuyo movimiento era la principal fuerza en la Asamblea destituida, con 49 de los 137 escaños, tildó de "ilegal" y de "golpe de Estado" la decisión de Lasso, pero matizó que su decisión abría una "gran oportunidad" para deshacerse de su Gobierno y "recuperar la Patria" (Telam)