Pide no ser identificada para contar su historia. “Ya pasé demasiada vergüenza”, confiesa. Tiene 26 años y nunca fue inscripta en el Registro Civil. Para el Estado argentino, es invisible. No existe. Como si nunca hubiera nacido.

Aunque los papeles no acrediten su existencia, fue a la escuela primaria (pero no obtuvo título para seguir la secundaria), utiliza donde puede los centros de salud públicos y es mamá de dos niños.

Sentada en el patio de su humilde vivienda, junto a una pequeña pileta de lona medio desarmada y ya sin agua, se ilusiona con un antes y un después de su DNI. Lo que para todos forma parte de la más elemental normalidad, para ella es un sueño que le cambiaría la existencia.

En su vida cotidiana debe sobrellevar obstáculos que parecen multiplicarse. Cualquier trámite o gestión se frustra cuando no puede responder el número de documento, porque no lo tiene. Pero también debe lidiar con las miradas denigrantes y con las situaciones humillantes que la exponen. “Se olvidan que soy una persona, como cualquiera”, dice.

Con la ayuda de una vecina, comenzó los últimos trámites para obtener su documento en los Tribunales de Río Tercero: a la Asesoría Letrada le corresponde brindar asesoramiento gratuito. Pero pasaron dos años, y ella sigue esperando.

Le cuesta bucear en lo que llevó a sus padres a no inscribirla al nacer. Por marginación económica y cultural –supone–, no la anotaron ni a ella ni a sus cinco hermanos menores. En cambio, habían realizado el trámite para otros cuatro mayores. Son diez hermanos, hoy de entre 14 y 30 años.

Una hermana que es un año menor obtuvo su documento el año pasado, con el asesoramiento de una abogada particular. Los más chicos fueron inscriptos hace poco. Aún falta ella.

Nació en la localidad de José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires. Luego, la familia se mudó a la provincia de Jujuy. Hace una década desembarcó en la cordobesa Villa General Belgrano, donde ahora vive.

Aun sin DNI, logró completar sus estudios primarios en Jujuy. Cuenta que necesitaban la orden de un juez para estudiar, y que debían renovarla cuando pasaban de grado. Pero no obtuvo el certificado analítico (el “título”), y eso le bloqueó la posibilidad de cursar el nivel medio. “Sin documento, no pude anotarme en el secundario y empecé a trabajar”, relata.

El único “comprobante” de su nacimiento es un acta del hospital. “La constancia dice que nací ahí ese día, y la hora, pero no está firmada por ningún médico”, detalla sobre su carrera de obstáculos. Atesora ese papel como su salvoconducto. Al menos, sabe la fecha en que nació.

A sus dos hijos logró anotarlos. El mayor, en el Registro Civil de Villa General Belgrano. A la menor, en la vecina localidad de Villa Ciudad Parque, luego de deambular por otros registros que no le permitieron rubricar el trámite. En una de esas partidas de nacimiento figura ella como “indocumentada”; y en la otra el espacio para tipo y número de DNI está completado con guiones.

Dice que intentó varias veces obtener su documento, pero nunca pudo concretarlo. Por ejemplo, por falta de recursos para contratar un abogado.

Sabe que hasta una simple consulta en un dispensario le desencadena un momento de conflicto, cuando no pueden ingresar sus datos básicos. Muchas veces lloró cuando exponían en público su caso. Hasta llegó a utilizar la historia clínica de su madre para evitar esos malos tragos.

Jamás votó. Tampoco podría acceder a un beneficio o a un plan social, ni solicitar un crédito, radicar una denuncia policial o salir del país. Está fuera del sistema.

Su situación de vulnerabilidad también influyó en la precariedad laboral en la que está sumergida: nunca tuvo un trabajo formal. Cuenta que en un complejo de cabañas la echaron cuando estaba embarazada. “Total, no vas a poder hacer juicio porque no tenés documento”, cuenta que le dijo el dueño.

“Para mí, tener el documento me va a cambiar todo; algunos dicen que es un papel, pero para mí será pasar a ser persona, tener un número, estar en el sistema”, se ilusiona. Mientras, espera que la Justicia la ayude a dejar de ser invisible para el Estado.

Fuente: La Voz