La CGT realizará el miércoles próximo, a las 12, una movilización a Tribunales para acompañar la impugnación que presentarán en la Justicia contra la reforma laboral y al día siguiente le pondrá fecha a un paro general para protestar contra la reforma laboral de Javier Milei.

Lo resolvieron unos 50 dirigentes gremiales que deliberaron esta tarde en la sede de la UOCRA, en avenida Belgrano al 1800, en un clima de enorme malestar por el contenido de la reforma laboral del Gobierno, al que calificaron de “inconstitucional” y “violatorio de los derechos de los trabajadores”.

Del encuentro participaron los abogados de la CGT, con quienes se analizaron las presentaciones judiciales que se harán para tratar de frenar algunas de las medidas anunciadas. La marcha del miércoles, precisamente, será hacia Tribunales para que los sindicalistas, acompañados por delegados, presenten ante la Justicia el pedido de inconstitucionalidad de la reforma laboral.

Para el jueves próximo, la CGT convocará al Comité Central Confederal, su máximo órgano ejecutivo, con el fin de decidir un paro general en rechazo del DNU del gobierno de Milei. La última huelga general de la CGT fue el 29 de mayo de 2019, la quinta que concretaron contra Mauricio Macri.

De todas formas, se decidió profundizar los contactos con diputados y senadores opositores para bloquear el DNU en el Congreso y lograr que el Gobierno acepte tratar “ley por ley” para impedir que sus modificaciones se apliquen por decreto. Este mediodía, una delegación de la CGT estuvo reunida con el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria para consensuar esta estrategia.

La CGT estaba convencida de que sus charlas secretas con el ministro del Interior, Guillermo Francos, habían logrado desactivar los aspectos de la reforma laboral que amenazaban su poder. No fue así. Si bien la presión cegetista habría logrado que saliera de la reforma el impulso a la negociación de convenios por empresa, que hubiera sido la peor amenaza al viejo modelo sindical, en el DNU se impulsa una dura limitación del derecho de huelga en servicios considerados esenciales, donde se incluyó a la educación y el transporte como parte de un extenso listado de actividades a las que se les exigirá garantizar un 75% o un 50% de los servicios mínimos para no afectar a los usuarios.

Aunque los sindicalistas creían que lo habían desactivado, Milei mantuvo en el capítulo laboral del DNU una medida que pondrá en jaque a las cuotas solidarias, esa herramienta de recaudación adicional para los sindicatos mediante cláusulas en los convenios que fijan descuentos compulsivos a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados a la organización gremial.

En la reforma Milei se autorizan “sólo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. Pero la clave de esa “caja” sindical, creada en los años noventa para compensar la caída en la afiliación por los cambios económicos de Carlos Menem, es justamente que se les descuente a todos los trabajadores de la actividad sin necesidad de que deban dar su consentimiento explícito.

Las cuotas solidarias, sin embargo, podrían tener una ventana legal abierta: en el DNU se establece el mantenimiento de la ultraactividad de los convenios colectivos, que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo, al sostener que “una convención colectiva de trabajo cuyo término estuviere vencido solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue”. Pero agrega: “El resto de las cláusulas (obligacionales) podrán mantener su vigencia sólo por acuerdo de partes o por la específica prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional”. De esa forma, quedaría a salvo la ultraactividad para las condiciones de trabajo y también las cuotas solidarias, por ejemplo, porque justamente se incluyen en los convenios por acuerdo de empresarios y sindicalistas.

El otro elemento “revulsivo” del capítulo laboral del DNU es la dura reglamentación del derecho de huelga en servicios considerados esenciales: se preveía que iba a incluirse la educación y el transporte, pero el listado de actividades que deberán protestar con garantías de prestaciones mínimas es muy amplio y, además de fijar un 75% de trabajo normal en actividades “esenciales”, establece otra categoría, “actividades de importancia trascendental”, que estarán obligadas a garantizar el 50% del servicio. Todo este capítulo del DNU irá directo a la Justicia, según advierten los sindicalistas.

Hay medidas contempladas en la reforma laboral de Milei que apuntan a “aliviar” el funcionamiento de las empresas y son viejos reclamos del sector patronal, como la virtual equiparación de las asambleas de trabajadores con una medida de fuerza encubierta o la declaración de los bloqueos sindicales como injuria laboral grave, que permitirá que sus ejecutores sean despedidos con causa.

En la reunión de la UOCRA estuvieron los cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), además de Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Romero (UDA), Jorge Sola (Seguro), Julio Piumato (judiciales), Mario Manrique (SMATA), Rodolfo Daer (alimentación), Sergio Palazzo (bancarios), Abel Furlán (UOM), Amadeo Genta (municipales porteños), Daniel Vila (Carga y Descarga), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Carlos Frigerio (cerveceros), Omar Maturano (La Fraternidad, Juan Pablo Brey (aeronavegantes) y Mario Calegari (UTA), entre otros.

El otro enorme frente de conflictos para los sindicatos a partir de la reforma laboral es la amenaza al sistema de obras sociales por la desregulación que permitirá la competencia con las prepagas.

El golpe más duro será para un grupo de obras sociales chicas que funcionan como “sellos de goma” que reciben las contribuciones de los trabajadores y, mediante convenios, derivan el dinero a una empresa de medicina privada. Tras el DNU, esa triangulación de aportes ya no existirá más porque los afiliados podrán derivarlo directamente a una prepaga, sin necesidad de una intermediación.

Aun así, las prepagas que quieran entrar en el sistema de obras sociales deberán hacer el correspondiente aporte por cada afiliado dirigido al Fondo Solidario de Redistribución, que se ocupa del reintegro de dinero al sistema de salud por tratamientos de alta complejidad.

La ventana que se abre como oportunidad para los sindicatos, según algunos expertos, es que como se liberarán los precios de las prepagas, las obras sociales podrán captar a los afiliados que no puedan pagar sus cuotas en la medicina privada si compiten con tarifas competitivas y buenas prestaciones.

De todas formas, el conjunto de medidas laborales que incluye el DNU confirma un conflictivo escenario para el poder de la CGT y todo el sindicalismo. La dirigencia gremial se siente obligada a protestar, aun el sector más dialoguista, que en estas horas mezcla resignación con la interpretación de que la reforma podría haber sido muchísimo peor para sus intereses específicos. “Ahora, el Gobierno tendrá que sentarse a negociar porque algunos de los cambios son inconstitucionales y se van a frenar en la Justicia”, disparó sin anestesia un jefe cegetista.