Marielle Franco, una conocida activista de los derechos humanos y que fue la quinta más votada en las elecciones de 2016 para el Concejo de Río de Janeiro, fue tiroteada cuando transitaba en su vehículo por una calle del centro de la ciudad en la noche de este miércoles tras haber participado en un acto político.

En el ataque también murió el conductor de su vehículo mientras que una asesora de la política identificada como Fernanda Chaves sufrió heridas.

La Policía Civil de Río de Janeiro informó que el ataque fue efectuado por pistoleros que estaban en otro vehículo y que dispararon indiscriminadamente sin hacer ninguna advertencia y huyeron sin robar nada.

Pese a que los investigadores admitieron que no hay indicios de que se tratara de un asalto, hasta ahora no calificado el crimen como un atentado político.

El ataque se produjo un día después de que la concejala volviera a criticar la intervención en la seguridad de Río de Janeiro en un mensaje en las redes sociales.

"Otro homicidio de un joven que puede entrar en la cuenta de la Policía. Matheus Melo estaba saliendo de la iglesia ¿Cuántos más tienen que morir para que esta guerra acabe?", preguntó la política en un mensaje en el que reclamó de una operación policial que terminó con la muerte.

Franco, que se caracterizó en la carrera política por su trabajo en defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres negras como ella, ya había publicado otros mensajes cuestionando la violencia de la Policía en Río de Janeiro.

La legisladora, una socióloga de 38 años procedente del complejo de favelas de Maré, una de las áreas más violentas de Río de Janeiro, era la relatora de la comisión del Concejo creada para fiscalizar las operaciones policiales en el marco de la intervención militar.

El crimen ocurrió casi un mes después de que el presidente brasileño, Michel Temer, decretara una intervención federal en la seguridad de Río de Janeiro para combatir la ola de violencia que afecta al estado más emblemático de Brasil desde los Juegos Olímpicos de 2016.

La intervención, una medida inédita desde la promulgación de la constitución de 1989, fue decretada el 16 de febrero y refrendada por amplia mayoría pocos días después por la Cámara de Diputados y el Senado.

La decisión cede a los militares el control de la seguridad en Río hasta finales de 2018 tras la ola de violencia que el año pasado causó 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y diez niños alcanzados por "balas perdidas".

El PSOL, uno de los partidos más críticos de la intervención, presentó esta semana un recurso en el que le solicitó a la Corte Suprema que declare la medida como inconstitucional.

"La actuación de Marielle como concejala y activista de los derechos humanos enorgullece a la militancia del PSOL, que la honrará dándole continuidad a su lucha", afirmó la formación de izquierda en un comunicado en el que pidió una investigación rigurosa de las circunstancias del crimen.