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Perú: la Fiscalía pidió 34 años de cárcel para el expresidente Castillo

El Ministerio Público solicitó la pena por causa que se le sigue al exmandatario por su fallido intento de disolver el Congreso y "perpetrar un golpe de estado" en diciembre de 2022. Castillo fue destituido del cargo presidencial bajo la causal constitucional de incapacidad moral para ejercer la presidencia.
SÁBADO 13 DE ENERO DE 2024

La fiscalía de Perú, solicitó ayer viernes 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, a quien se lo acusa de rebelión por su fallido intento de disolver el Congreso y "perpetrar un golpe de estado" en diciembre de 2022.

"Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública", informó la fiscalía a través de la red social X.

En las próximas semanas, el juez Juan Carlos Checkley deberá revisar los fundamentos de la acusación, sobre el requerimiento presentado a la justicia por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

¿Cuáles son los hechos por los que se lo acusa a Castillo?
El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente intentó cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, a través del establecimiento de un "gobierno de excepción".

Este hecho fue interpretado por el Parlamento como un intento de golpe de Estado y el pleno del cuerpo lo destituyó del cargo de forma inmediata bajo la causal constitucional de incapacidad moral para ejercer la presidencia.

Pocas horas después de anunciar su intención de disolver el Congreso y nombrar un gobierno de emergencia, la Fiscalía peruana llevó a cabo su detención.

Desde entonces permanece en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, conocida como cárcel de los expresidentes porque allí está alojado Alejandro Toledo y hasta hace poco estaba allí Alberto Fujimori.

Castillo también cumple una pena por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, ya que la Fiscalía de Perú pidió a finales de febrero del año 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Castillo y dos de sus ministros por presuntamente liderar una organización criminal que habría operado en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y Petro Perú.

El Gobierno de Castillo fue de una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno -con más de 70 ministros- que tuvo en solo 16 meses.

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