Los sindicatos convocaron el sábado unas cien manifestaciones a lo largo y ancho del país, y desde la mañana, decenas de miles salieron a las calles de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid o Castellón.
Con el apoyo de la oposición, exigieron que las pensiones suban al ritmo de la inflación -que cerró 2017 en el 1,2% interanual-, máxime en un país donde el PIB creció por encima del 3% los tres últimos años.
"La gente esta movilizada porque está harta de que el país crezca pero ese crecimiento no se distribuya entre la mayoría social (...) y la población pensionista", afirmó bajo la nieve en la manifestación de Madrid Unai Sordo, secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), el más importante del país.
"Estamos cada vez peor, sobre todo los que tenemos las pensiones más pequeñas", dijo a AFP Mari Carmen Calvo, una expeluquera septuagenaria que cobra 500 euros mensuales de pensión.
"Está habiendo una pérdida de poder adquisitivo en las clases más modestas", abundó Emilio Zamora, ex empleado de la tabacalera Altadis, que lucía un cartelito con unas tijeras y el lema "Su botín es mi crisis. Sin pan no hay paz".
En un discurso ante el Parlamento el miércoles, Rajoy reiteró que quiere subir las pensiones un 0,25% este año, como en los dos anteriores, y por lo demás se limitó a prometer "una mejora" de las pensiones mínimas y de viudedad.
Sin embargo, no cifró cuál sería ese aumento, y sobre todo, lo condicionó a la aprobación de los Presupuestos de 2018, que su Partido Popular, minoritario en la cámara, sigue negociando arduamente y presentará el próximo viernes.
Argumentó que el país tiene ante Bruselas el compromiso de no rebasar el 3% de déficit, y que debido al envejecimiento de la población, las pensiones son un gasto creciente que es necesario contener.
La presión es fuerte sobre el gobierno conservador de Rajoy, que al calor de la recuperación económica ya subió los sueldos de los funcionarios y propició un acuerdo entre la patronal y los sindicatos para aumentar el salario mínimo un 4% este año.
Al mismo tiempo, supone una ecuación política delicada para el PP, que tiene en los pensionistas un importe número de votos y trata de conservarlos frente al empuje del partido liberal Ciudadanos, al que los sondeos colocan ahora en cabeza.