Las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda y de Justicia avanzaron durante la tarde de este miércoles con el proyecto enviado por el Ejecutivo que pretende modificar el sistema judicial a partir de la participación ciudadana en delitos federales con penas mayores a cinco años.

El dictamen mayoritario obtuvo el respaldado de los bloques mayoritarios con 89 firmas, pero también se presentó uno de minoría firmado por Fernando Brügge y Alejandra Torres, diputados del bloque Encuentro Federal. 

Según los legisladores cordobeses (donde ya existe el juicio por jurado, al que respaldan), se trata de un sistema caro, y en este momento donde el Gobierno insiste con que "no hay plata" para las universidades o los jubilados, resulta contradictorio que sí haya dinero para implementar este costoso sistema, explicaron desde este sector.

El juicio por jurados es una deuda de casi dos siglos del Congreso, ya que la Constitución de 1853 instruía al Poder Legislativo la redacción de una ley respecto de este tema. En este sentido, se expresaron varios diputados, uno de ellos, el titular de la comisión de Justicia, Manuel Quintar (LLA – Jujuy), quien destacó la "deuda histórica" de los nueve proyectos que están tratando. 

Por su parte, el legislador Fernando Carbajal (UCR) también destacó "el esfuerzo conjunto de todos los bloques" con el objetivo de "saldar una deuda histórica" y dar un paso más para "la transformación de la justicia". Mientras que Rodolfo Tailhade de Unión por la Patria, expresó: "Nuestro bloque va a respaldar este proyecto que es fundamental para nuestra democracia".

Según la Asociación de Juicios por Jurados, el sistema se aplica en 12 provincias: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Río Negro, San Juan, Santa Fe y Neuquén. Sin embargo, aún no existe una ley que los regule a nivel nacional y federal.

¿Cómo serán los juicios por jurado?

Los jurados populares estarán integrados por 12 civiles -con dos suplentes y paridad de género-. Deben ser ciudadanos mayores de entre 18 años y 70 años con dos años de residencia en la jurisdicción del hecho y saber leer y escribir. 

Serán sorteados para intervenir en los procesos y tendrán la obligación de cumplir con la manda. Quedan excluidos los funcionarios públicos, deudores o morosos, personas condenadas por delitos de lesa humanidad o quienes no posean aptitud física o psíquica.

El proceso será dirigido por un juez técnico y estos doce civiles serán quienes se encarguen de determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. La deliberación del jurado es secreta y sus argumentos no serán públicos.

La única función del jurado es establecer la inocencia o culpabilidad del acusado. Tanto el monto de la pena, en caso de condena, como otros planteos que las partes puedan hacer durante el proceso -como pedidos de detención, libertades, nulidades- son decididas por el tribunal de jueces profesional. Además, el veredicto del jurado es inapelable.

La iniciativa fue el resultado del tratamiento de nueve proyectos sobre el tema. Se logró el consenso y la unificación de los criterios en el texto del dictamen de mayoría, aunque no se descarta que surjan nuevas modificaciones en el recinto.