La senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, dijo esta mañana por LT9 que “está convencida” que la provincia se sumará a la prohibición de los cargos hereditarios en la administración pública, tal como se estableció este lunes por decreto publicado en el Boletín Oficial.

“Está en consonancia con lo que nosotros venimos planteando.  Es una locura que eso sea de esa manera. Apunta a privilegios que no queremos, creo que ningún argentino podría pretender que exista ese tipo de privilegio hereditarios” declaró Losada en diálogo con “Amanecer no es poco”.

Agregó que la provincia tomará el mismo camino, al señalar que “el gobernador está en la misma sintonía de terminar con ese tipo de privilegios absurdos que solamente benefician a unos pocos, en detrimento de un montón de otras personas que pueden estar muy capacitadas para un cargo y que por no ser hijos 'de' o conyuge 'de', no podían acceder a determinados puestos”. 

“La administración pública no tiene que ser un aguantadero de nadie, tiene que ser justamente un lugar en donde los más capacitados estén trabajando. Todos queremos un Estado eficiente y eficaz. Creo que lo más importante es que cada uno de los puestos los ocupe las personas más aptas para hacerlo. Tiene que ver con justicia, con que todos tengamos igualdad de oportunidades” concluyó Loasada.

Oficializado

El Gobierno nacional oficializó la prohibición de los cargos hereditarios en la administración pública mediante el Decreto 959/2024, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Anunciada días atrás por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro Sturzenegger, esta medida impide la asignación hereditaria de puestos en la administración pública, práctica que, hasta ahora, permitía a familiares o cónyuges de empleados fallecidos ocupar sus posiciones en entidades como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central y el Banco Nación.

La publicación fundamenta esta decisión con una serie de considerandos que enfatizan los principios de igualdad, mérito y transparencia en la administración pública. En primer lugar, señala que “la Constitución Nacional reafirma la concepción liberal de nuestra República al reconocer en su Preámbulo el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad y el ejercicio de las libertades individuales de los habitantes”.

A continuación, el texto recuerda que “las bases constitucionales de nuestro país fueron consolidadas sobre el principio de igualdad y su proyección hacia la prohibición de establecer distinciones fundadas en la ascendencia”, con referencia a la prohibición de títulos nobiliarios establecida por la Asamblea del Año XIII, como parte de una política de eliminación de distinciones entre personas.

Además, se menciona el proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi, que incluía el artículo 17, en el cual “la ley no reconoce diferencia de clase ni persona. No hay prerrogativas de sangre, ni de nacimiento; no hay fueros personales”. En el mismo sentido, el artículo 16 de la Constitución Nacional prohíbe cualquier tipo de prerrogativas de nacimiento y estipula que “todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”, según citan en el Decreto.

En base a esto, la medida afirma que la idoneidad constituye la única condición para el acceso a cargos en la administración pública, al subrayar que este principio es fundamental para el sistema republicano de gobierno. De acuerdo al texto, “la selección del personal para realizar un trabajo debe efectuarse sobre la base de su capacidad para ejercerlo”.

El decreto enfatiza que la idoneidad se convierte en “un criterio objetivo y nivelador para el acceso al empleo público, que se condice con el sistema republicano y democrático y permite un mejor funcionamiento de las instituciones”. En consecuencia, la normativa establece procedimientos de ingreso al empleo público que aseguran la igualdad y la objetividad de los procesos de selección, así como la promoción de la carrera administrativa basada en conocimientos, habilidades y aptitudes.