Hoy concluye en La Haya un caso jurídico trascendental para establecer las responsabilidades climáticas de los países por la emergencia climática tras dos semanas de audiencias.

Los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) han escuchado a más de 100 países y organizaciones entre el 2 y el 13 de diciembre, lo que lo convierte en el caso judicial climático más global e importante hasta la fecha.

En el centro se encuentra un grupo de países vulnerables que pretenden establecer una serie de obligaciones jurídicas internacionales para combatir la emergencia climática. 

La situación de Vanuatu

Una pequeña nación insular del Pacífico, Vanuatu, ha liderado los esfuerzos para asegurar una opinión favorable de la CIJ, que se espera se emita el año próximo.

“Las dos semanas de audiencias en la Corte Internacional de Justicia han puesto de relieve un caso jurídico convincente, liderado por el Sur Global”, dice Arnold Kiel Loughman, Fiscal General del estado insular del Pacífico. 

“Hemos argumentado, mediante una declaración tras otra, que las leyes ambientales internacionales y los derechos humanos fundamentales son obligaciones jurídicas internacionales aplicables que no deben excluirse de las responsabilidades de los Estados en el contexto del cambio climático”.

Determinar  responsabilidades

Hay dos preguntas fundamentales a las que se enfrentan los 15 jueces sobre las obligaciones de un estado en el Derecho Internacional. La primera: ¿Cuál es su nivel de responsabilidad para proteger el clima? Y la segunda: ¿Cuáles son las consecuencias legales cuando causen un daño significativo a través de sus acciones o inacciones?

"Como señalaron algunos Estados en los procedimientos, los contaminadores históricos continúan escondiéndose detrás de la seguridad del régimen climático (CMNUCC y el Acuerdo de París), que limita la responsabilidad del Estado a obligaciones que evitan cualquier rendición de cuentas real", agrega Loughman. 

Los países del Sur Global han argumentado que no hay razón para que otras leyes ambientales y de derechos humanos -como el deber de prevenir daños a otro Estado- deban pasarse por alto en el contexto de la crisis climática. 

Un hilo conductor en las declaraciones, señala Loughman, es la importancia en el Derecho a la libre determinación y cómo el cambio climático está socavando los esfuerzos por hacerlo valer.

Al tomar la palabra durante su audiencia en el 12 de diciembre, Tuvalu explicó que es el primer país que se espera que desaparezca por completo debido al aumento del nivel del mar relacionado con el cambio climático.

"Tuvalu no se hundirá pacíficamente", declaró la portavoz de la nación insular, argumentando que esta amenaza existencial debe influir en la Corte en su sentencia sobre las obligaciones climáticas de los Estados. Señaló que aún no existe un sistema legal bien desarrollado para respaldar este derecho, y pidió a la CIJ que trabaje en esto.

"Los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) no podrán mantenerse a flote sin el apoyo técnico y financiero necesario para adaptarse a la emergencia climática", añadió la portavoz tuvalense, citado por la agencia Europa News.