Radio LT9
El gobierno de Santa Fe confirmó este jueves la detección de 258 casos de dengue en la provincia, 218 de ellos autóctonos. Según el área de Epidemiología del Minister
Así lo dispuso el juez Héctor Gabriel Candioti, a pesar del pedido de prisión preventiva formulado por las fiscales Alejandra Del Río Ayala y María Celeste Minniti. El magistrado ordenó que las imputadas constituyan una fianza de 800 mil pesos a cada una. También les prohibió ingresar y acercarse al establecimiento y les impuso restricciones de contacto y acercamiento con la comunidad educativa.
Duras declaraciones del Gobernador acerca de la posición del Frente Progresista en relación al proyecto de Ley de Necesidad Pública. Ante el coronavirus: "¿Hay que explicarle a alguien que esta necesidad supera cualquier pedido anterior?", se preguntó.
El gremio de docentes de escuelas públicas Amsafé informó que la administración provincial los convocó para el nuevo encuentro este viernes a las 17 en la sede del Ministerio de Trabajo.
La agrupación Bomberos Zapadores de la policía de la provincia debió concurrir para extinguir incendios de pastizales en 75 ocasiones en el mes de enero, 180 durante febrero y ahora en lo que va de marzo tuvieron 174 intervenciones.
Familiares, amigos y compañeros de trabajo se manifestaron esta mañana en Tribunales mientras se desarrollaba la audiencia de prisión preventiva.
El gobernador Omar Perotti firmó el decreto por el cual Santa Fe adopta las medidas aconsejadas por el Ministerio de Salud de la Nación.
Tras las 48 horas de huelga, los maestros nucleados en los gremios Amsafé y Sadop se movilizaron en la Plaza 25 de Mayo, donde le pidieron al Gobernador Omar Perotti que mejore la propuesta y que traspase la línea de la pobreza.
El ministerio de Seguridad de la provincia emitió un comunicado a través de las redes sociales donde aseguran que no hay personas autorizadas desde salud ni de la cruz Roja para ingresar a los domicilios a verificar un posible contagio de la enfermedad.
Se trata de Carlos Sánchez, ex-jefe municipal de la ciudad de San José del Rincón. El procesamiento lo dictó el juez federal Francisco Miño por el delito de “sustracción de caudales”, cuya pena máxima es de 10 años de cárcel y la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos.
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