l recorte de trabajadores estatales oficializado esta mañana mediante el decreto 632/2018, con la firma del propio presidente Macri, incluyó de manera encubierta un anuncio de despidos masivos: más de 6000 trabajadores estatales precarizados se quedarán sin trabajo a partir de 2019. Se trata de los empleados que actualmente están contratados mediante la modalidad de Asistencia Técnica a través de universidades, entre 6000 y 7000 empleados distribuidos en todas las áreas del Estado. Según especificó el decreto, todos los contratos celebrados con universidades, ya sean públicas o privadas, nacionales o provinciales, “quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019”.
Esta mañana el Gobierno oficializó el decreto para avanzar con el ajuste en el Estado, algo que ya había anunciado el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, junto con el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, un mes atrás. El ajuste va en la línea de achique del gasto público reclamado por el FMI para reducir el déficit fiscal.
Lo que no estaba claro era hasta donde llegaría el plan de ajuste en los trabajadores estatales. Menos, que el recorte contemplaría más de 6000 nuevos despidos.
Si bien el decreto se presentó como un freno a nuevas contrataciones en las áreas del Poder Ejecutivo, salvo algunas excepciones, el artículo 3 deja sin efecto los convenios de Servicios de Asistencia Técnica celebrados con las universidades a partir del 1º de enero de 2019. Según los gremios estatales, actualmente hay bajo esta modalidad de contratación entre 6000 y 7000 trabajadores, con cinco años de antigüedad en promedio.
Los despidos serán efectivos ya que el mismo decreto estipula que esos trabajadores no pueden ser contratados mediante otra modalidad. En primer lugar, porque el artículo 1º del decreto congela las contrataciones y designaciones de personal “de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias hasta el 31 de diciembre de 2019” y, en segundo lugar, porque la norma aclara que “no podrán celebrar nuevos convenios de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales” como se hacía a través de las universidades.
“Los trabajadores son contratados por los organismos y trabajan para el organismo. El vínculo con la universidad es algo meramente administrativo, porque como no hay restricción para pagar consultorías ese dinero se usa para pagar sueldos”, le dijo a Página/12 Luciano Fernández, secretario gremial de ATE Capital, entidad que representa al 70 por ciento de los estatales nacionales. Según el dirigente, la mayoría de los trabajadores contratados bajo esta modalidad se desempeñan en el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Justicia, aunque en menor medida.
Además de dar de baja a los contratados por universidades, para Fernández el decreto abre la puerta a cientos de despidos más. “El decreto es un anuncio de ajuste muy amplio porque pone en revisión las estructuras de todos los organismos descentralizados. Con la excusa de bajar los cargos políticos, cuando dan de baja alguna jefatura lo que terminan haciendo es eliminar áreas enteras y, por lo tanto, más despidos”, remarcó el dirigente, en referencia al artículo 11 del decreto. Además, la norma pide la revisión del “régimen de empleo y de contratación” y de “la estructura salarial, régimen de compensaciones, y la planificación de gastos en personal” prevista para el próximo año a fin de realizar una “evaluación integral en el marco del objetivo de equilibrio presupuestario”. En base a esa evaluación, se podrían prever más despidos.
“En el Estado hay cerca de 60.000 mil trabajadores entre contratos de asistencia técnica, consultorías y monotributistas, que encubren una relación de empleo y que no tienen estabilidad. Todos ellos hacen tareas permanentes aunque sus contratos digan que no. El decreto dice que sólo van a haber concursos internos, donde se pueden presentar empleados con más de diez años de antigüedad. O sea que están diciendo que no van a regularizar de ninguna manera a quienes tienen menos de diez años”, remarcó Fernández.
Desde el Ministerio de Modernización aclararon que son 5800 los trabajadores contratados bajo la modalidad de Asistencia Técnica y que la norma no suspende los convenios con las universidades para otro tipo de consultoría. La prohibición queda sujeta a las contrataciones de empleados a través de esas partidas presupuestarias. También aseguraron que los trabajadores serán contratados bajo otra modalidad, algo que contradice lo dispuesto en el artículo 1º del decreto que prohíbe nuevas contrataciones de personal “de cualquier naturaleza”.
Fuente: Página 12
