Dos policías fueron condenados por cobrarle 150 mil pesos a un hombre al que ayudaron a eludir una investigación penal en la que estaba imputado. Se trata de Carlos Darío Santiago Romero de 42 años y de Pablo Godoy de 43, a quienes se les impuso la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, el pago de una multa de 100 mil pesos a cada uno y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

La pena fue impuesta por la jueza Rosana Carrara en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal a cargo de la investigación es Ezequiel Hernández, quien destacó que “tanto Romero como Godoy reconocieron su culpabilidad y dieron su conformidad con el tipo de juicio desarrollado”

Según informaron fuentes del MPA, se trató de dos ilícitos.

“El primero de ellos fue alrededor de las 21:00 del viernes 11 de septiembre”, precisó el fiscal. “En un allanamiento ordenado en el marco de una investigación por distintos delitos, los dos funcionarios policiales acordaron con el propietario del inmueble allanado el cobro de 150 mil pesos a cambio de que el hombre no sea detenido y de que no se le secuestren una camioneta y una moto que estaban en lugar”, detalló el fiscal.

El funcionario del MPA también confirmó que “los policías cobraron 50 mil pesos en efectivo al momento del allanamiento” y agregó que “tres días después, los dos policías fueron al inmueble a exigir el pago de los 100 mil pesos restantes, el cual se terminó de concretar el miércoles 16 de septiembre”.

“El otro ilícito por el que se condenó a Romero y a Godoy fue cometido el jueves 24 de septiembre”, señaló Hernández. “Abusaron de su condición de policías y utilizaron información obtenida en ocasión de sus funciones, para ayudar a tres hombres –entre ellos, al que le habían cobrado los 150 mil pesos dos semanas antes– a eludir una investigación por el delito de asociación ilícita destinada a la comisión de robos calificados por la utilización de armas de fuego”, argumentó.

El fiscal del MPA puntualizó que “les advirtieron que se realizarían allanamientos en las viviendas de las tres personas y que estaban vigentes órdenes de detención para los tres”. En tal sentido, subrayó que “efectivamente, uno de los investigados huyó y estuvo prófugo hasta el 13 de octubre del año pasado, y otro de los imputados se deshizo de su teléfono celular, el cual contenía evidencia útil para la investigación”.