Quince diputados de distintos espacios opositores acusaron al presidente Sebastián Piñera de infringir la constitución en su deber de mantener el principio de probidad y transparencia, comprometer el honor de la nación y garantizar un ambiente libre de contaminación.

La moción de censura presentada en la Cámara de Diputados para destituir al presidente fue causada directamente por revelaciones emanadas de los Pandora Papers.

Independientemente de las consecuencias políticas de la medida, la fiscalía abrió una investigación por cohecho y delitos tributarios atribuidos a Piñera con motivo de la venta en 2010 de una parte de sus acciones en el proyecto “Minera Dominga”, en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.

El proyecto Minera Dominga

Valorado en dos mil quinientos millones de dólares, este proyecto incluye la extracción de concentrados de hierro y cobre a 16 kilómetros de la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, al norte del país.

Además de la creación de una mina a cielo abierto, contempla la construcción de un puerto propio para exportar su producción y una desalinizadora para no utilizar la escasa agua dulce de la zona.

Concretamente, el proyecto prevé producir 12 millones de toneladas anuales de hierro y 150 mil de cobre en un período de 22 años. Su construcción emplearía a unas 10 mil personas y, una vez en funcionamiento, generaría casi mil quinientos puestos de trabajo.

Pero pese a esos beneficios, el proyecto generó controversia dado que a sólo 30 kilómetros se encuentra la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, un área ecológica en la que habita el 80 por ciento de la población mundial de esa especie, que se encuentra en peligro de extinción. La zona también es habitada por ballenas y una especie de nutria denominada “chungungo”.

A raíz de ello, fueron varias las organizaciones ambientalistas que rechazaron de cuajo el proyecto por considerar que el daño ambiental resultaría irreparable. Pero más allá de lo anterior, durante el gobierno de Michelle Bachelet el proyecto fue rechazado por dos organismos estatales: la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental. En aquel momento -2017- se argumentó que la iniciativa presentaba distintos riesgos que podían comprometer la biodiversidad y el ecosistema de la zona, y que además subestimaba su área de influencia.

No obstante, la empresa encargada del proyecto, Andes Iron, apeló y judicializó el caso. Hace menos de dos meses, logró que la Comisión Ambiental de Coquimbo lo aprobara, reabriéndose así la controversia.

La inversión del presidente

La investigación de los Pandora Papers reveló que la familia Piñera era la mayor accionista del proyecto Minera Dominga hasta 2010, cuando Piñera ya llevaba 9 meses de gestión en su primera presidencia. Ese mismo año, el empresario Carlos Alberto Délano, amigo de Sebastián Piñera, compró la participación de todos los otros socios por 152 millones de dólares. Parte de esa operación tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas.

Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) que es el encargado de decodificar los Pandora Papers, la venta de la minera establecía un pago en tres cuotas. El último de ellos, por un valor de 9,9 millones de dólares, estaba sujeto a que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizara la instalación y operación de la mina. La decisión sobre la demarcación de esa zona ambiental dependía del gobierno de Piñera. Pero pese a la presión de los grupos ambientalistas, el gobierno no implementó tales protecciones.

Más aún, cuatro meses antes de que se hiciera ese acuerdo, el presidente detuvo la construcción de la planta termoeléctrica “Barrancones” de la empresa franco-belga Suez -que también buscaba emplazarse en la comuna La Higuera, cerca de Minera Dominga- pese a que tenía los permisos para operar. ¿Cuál fue el argumento de Piñera? En sus propias palabras: "he acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese santuario de la naturaleza". Como cabe suponer, en aquel entonces no se conocía el vínculo del mandatario con el desarrollo del proyecto minero.

Desde el gobierno aseguran que Piñera "nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga". El propio mandatario aseguró que la venta de la minera la realizó su fideicomiso ciego y que él no fue ni consultado ni informado "precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de intereses".

El presidente recordó además que hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia (2010-2014), se desligó "absoluta y totalmente" de todas sus empresas y que ni él ni nadie de su familia tiene "sociedades de inversión constituidas en el extranjero".

Es menester recordar que Sebastián Piñera es dueño de una de las mayores fortunas de Chile, calculada en alrededor de 3 mil millones de dólares.

¿Qué cabe esperar?

La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar una moción de censura contra un funcionario. Puede desembocar en la destitución o la inhabilitación del acusado para ejercer cargos públicos. Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, institución que actúa como jurado y declara si el acusado es culpable o inocente. Se prevé que la moción contará con los votos suficientes en la Cámara Baja, y el objetivo es que llegue al Senado antes de las elecciones presidenciales previstas para el domingo 21 de noviembre. Está claro que el objetivo de Piñera es concluir su mandato y no ser expulsado deshonrosamente del poder, algo que no logró siquiera el estallido social que tuvo en vilo a Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

Con respecto a la Minera Dominga, pese a que su aprobación por la Comisión Ambiental de Coquimbo significa un gran paso para la viabilidad del proyecto, eso no implica que se vaya a construir definitivamente, dado que todavía existen recursos pendientes ante la Corte Suprema.

Por último, hay que señalar que los Pandora Papers se encuentran cerca de cobrarse su primera víctima política. Aún en el caso de que la destitución de Piñera no prosperara, las investigaciones lo sitúan en un lugar tan lejano a los monumentos como vecino al panteón de los políticos.

Y una reflexión final ¿todavía alguien sigue pensando realmente que la riqueza aleja a una persona de la tentación de seguir acumulando dinero a cualquier precio?