En los últimos largos años, pero en particular en los más recientes, se instaló en una amplia franja de la sociedad argentina la idea de que los programas sociales, más conocidos como “planes”, configuran situaciones de extrema indignidad para quienes los reciben, que son caracterizados como pobres rehenes de macabras redes clientelares, cuando no parásitos que viven de los impuestos que pagan personas decentes y laboriosas.
La realidad, por cierto, es bastante más compleja. Para intentar visualizarla con mayor claridad, los datos duros siempre ayudan. El proyecto de presupuesto 2022 de la provincia de Santa Fe es una saludable herramienta para ese fin.
El cálculo oficial de erogaciones y recursos para el año que viene prevé para el ministerio de Desarrollo Social una inversión de $16.787.797.000, un 1,97% del total. Para que se entienda: el Estado provincial desembolsará menos de 2 pesos cada 100 a la cartera dedicada específicamente a la atención de los sectores más vulnerables. Esta situación, que es estructural, aún así supone una leve mejora con el pasado reciente: en 2019 llegaba al 1,44%. Además, en el tramo final del gobierno del Frente Progresista, las transferencias (los “planes” en sí) implicaban el 58,75% del gasto del área, mientras que ahora llegarán al 74,43%.
Podría afirmarse, aún contra esta evidencia, que la plata que se gasta allí es un exceso. Entonces son buenas las comparaciones, si bien siempre odiosas. Por ejemplo, se estima invertir el año próximo $ 12 mil millones de pesos en Billetera Santa Fe y $ 7.125.037.000 en el Boleto Educativo Gratuito. Los dos programas estrella del gobierno de Omar Perotti, que sumados superan en más de 2 millones al total del presupuesto del ministerio de Desarrollo Social. Por supuesto que los beneficios de ambos “planes” son notorios: salario indirecto para más de un millón de santafesinas y santafesinos, dinamización del consumo y la actividad económica, mejora en el acceso al derecho a la educación.
Hay subsidios, sin embargo, que son mucho mayores. De hecho, la sumatoria de todos los “planes” antes mencionados apenas supera al monto destinado para este fin. Se trata de los aportes públicos a la educación privada. El servicio educativo de gestión particular tiene previsto una inversión para 2022 de $29.868.552.000, mayoritariamente explicado por las transferencias a los colegios para el pago de sueldos docentes. El 63% de las escuelas católicas tiene cubierto el 100% del desembolso en sus planteles de maestros y profesores con dinero del Estado, el 36% el 80% y el 9% entre 64 y 40%. Allí están incluidos desde establecimientos parroquiales hasta renombradas instituciones con un piso de cuota de 10 mil pesos.
Este gasto también es estructural: no es nuevo, lleva décadas así. La discusión anual sobre su distribución es apenas marginal. Seguramente podrá argumentarse sólidamente sobre las bondades de esta inversión. Lo que debería evitarse, a la luz de las cifras, es el prejuicio clasista sobre la acción estatal hacia los caídos del sistema.
