La altísima inflación que padece hoy la Argentina, que en parte se explica por los aumentos de los precios internacionales de la energía y los alimentos, reinstaló el tradicional debate sobre las retenciones a las exportaciones, en este caso no ya como instrumento recaudatorio sino como herramienta para evitar que las subas en los mercados mundiales deterioren aún más el raído bolsillo argentino.
Hay una pregunta que, en estos casos, suele hacerse de manera habitual: ¿cómo es posible que en el país de las vacas y el trigo la comida sea tan cara? La respuesta es: justamente por eso. La paradoja de nuestro país, bendición y condena a la vez, es que el hecho de ser exportador de alimentos hace que los aumentos en los precios internacionales se trasladen automáticamente a las góndolas argentas. Dicho de una manera muy simplota: si yo tengo un sachet de leche para vender y afuera me lo pagan a 200 pesos, ¿por qué lo vendería adentro a 100? Lógica cruda de mercado.
Y aquí es donde adquiere protagonismo el Estado y sus mecanismos de intervención. Algunos tan tradicionales, como los derechos de exportación, que están incluidos en la mismísima Constitución Nacional de 1853. Sí, aunque a veces parecería lo contrario, a las retenciones no las inventó Cristina Fernández de Kirchner. El efecto desacople entre los mercados externo e interno, siguiendo el rústico ejemplo del párrafo anterior, es el siguiente: si el Estado impone una captura del 30% sobre la venta afuera del sachet de leche a 200 pesos, el monto a cobrar por el vendedor será de 140 y en consecuencia el precio adentro se alineará a esa suma.
Naturalmente, el sector afectado por las retenciones va a protestar. Y está clara, desde el conflicto por la resolución 125 en 2008, la capacidad de pataleo que tiene este segmento económico y social. Un poder lo suficientemente voluminoso como para resistir una medida oficial, bloquearla y eventualmente tumbarla. E incluso ir más allá y conmover la estabilidad misma del gobierno.
Esta facultad de veto se incrementa aún más en un contexto de total fragilidad. El tamaño de los compromisos de deuda más una discutible administración de divisas dejó al Banco Central casi inerme frente al corte del flujo de dólares que podría provocar un lockout agropecuario, con las dramáticas consecuencias que esa situación traería consigo: devaluación brusca e hiperinflación. Pero además, el poder presidencial está severamente dañado, en buena medida por propia mala praxis política, que en ocasiones adquiere ribetes insólitos.
En ese marco, las retenciones son también exteriorización de las representaciones políticas. No es ninguna noticia que en la pampa húmeda se encuentra un porción significativa del electorado de Juntos por el Cambio, ahora en disputa con los autodenominados libertarios de Javier Milei. Son obvias, entonces, las razones del rechazo. Ese mismo motivo es el que lleva casi todas las opciones políticas de la franja media del país a inscribirse acríticamente en las demandas sectoriales del “campo”. Incluido el PJ. Y ni que hablar el gobernador Omar Perotti, no sólo por su histórico perfil productivista sino también porque el acelerado deterioro de la imagen de Alberto Fernández no ofrece atractivo alguno para defender eventuales medidas antipáticas en su territorio. Nada diferente a lo que harían el sanjuanino Sergio Uñac si se afectara la minería, el misionero Oscar Herrera Ahuad con la yerba mate o el neuquino Omar Gutiérrez con el petróleo y el gas.
Por el mismo motivo, el kirchnerismo impulsa el aumento de los derechos de exportación. Porque su principal base electoral está en el conurbano bonaerense, en las barriadas más humildes de las grandes ciudades, en los trabajadores de ingresos medios bajos y en un trozo politizado de clase media. Esa es la representación política de Cristina Fernández de Kirchner y ese es su capital político. Que debe custodiar con extrema rigurosidad porque su desintegración no sólo implica la derrota en una elección sino la pérdida lisa y llana de su libertad ambulatoria. E incluso la de su familia.
En el diseño del Frente de Todos, el actual presidente aparecía como un articulador de esos intereses diversos y, a veces, contradictorios. El viejo operador con la muñeca lo suficientemente flexible como para contener al conjunto. Negociando, acordando, representando al heterogéneo colectivo oficialista.
La fórmula fue exitosa en el plano electoral, pero fue disfuncional en la gestión. Ya sea por problemas arquitectónicos o porque el ocupante de la casa resultó un mal inquilino, quien debía representar a todos hoy no representa a casi nadie.
*El autor del artículo es periodista y se desempeña como columnista en diferentes medios.
