Apenas llegó a la Casa Rosada en 2003, Néstor Kirchner se lanzó a armar la denominada transversalidad. Es que había llegado con más desocupados que votos, según siempre recuerda Cristina Fernández, y necesitaba ampliar su base de sustentación política. Pero además se tornaba imprescindible equilibrar el peso de su poderoso impulsor Eduardo Duhalde, dueño hasta ese entonces del peronismo bonaerense, y de los gobernadores del PJ, si es que quería controlar realmente la marcha del gobierno.
Hermes Binner, Aníbal Ibarra, Martín Sabatella y Luis Juez eran, en aquella lejana época, las estrellas del firmamento progresista que se pretendía capturar. El experimento resultó mayormente fallido. Eso no impidió que se avanzara por un camino similar pero con otro destino: la UCR. En 2007, el radicalismo todavía estaba en estado catatónico por la catástrofe de Fernando de la Rúa y varios de sus dirigentes le huían al partido. Esa confluencia de intereses derivó en la llamada Concertación Plural, que tuvo como coronación la fórmula CFK-Cobos. El resto de la historia, resolución 125 mediante, es ciertamente conocido.
¿Qué tenían en común todos los actores involucrados en ese proceso? Que gobernaban. Era el presidente, eran gobernadores, eran intendentes. Los que tienen que pagar sueldos, como se dice habitualmente. Los dueños de la lapicera, que administran más poder pero cargan con mayores responsabilidades. Que manejan “la caja” pero cuentan con escaso margen para el libre albedrío político.
Así, el comentarismo es un ejercicio que se reserva para quienes no están sentados en asientos ejecutivos. Si además se está dentro del universo opositor, esa práctica suele traer incorporada una verdadera competencia por establecer quién emite el discurso más flamígero, la chicana más ingeniosa, la ofensa más virulenta. Especialmente en tiempos de grieta, en donde la carrera de insultos hacia la vicepresidenta tiene un probado rendimiento electoral.
Esa diferencia entre los que gobiernan y los que comentan se pudo verificar cabalmente esta semana que termina en Santa Fe. En esta ocasión, el asunto en discusión fue el acuerdo entre los gobiernos de Omar Perotti y Alberto Fernández para el pago de la deuda de Nación. La caracterización opositora de ese pacto desplegó un abanico que va desde la acusación de entregar la Provincia al kirchnerismo hasta la celebración por los fondos para obra pública que recibirán los municipios y comunas. Es bastante fácil identificar quiénes tienen responsabilidades ejecutivas y quiénes no.
Ese mismo criterio, y por idéntico tópico, se puede usar hacia atrás en el tiempo. En 2017, el entonces gobernador Miguel Lifschitz aceptó firmar el Consenso Fiscal impulsado por Mauricio Macri con el objetivo de lograr un pacto para el cumplimiento de la sentencia de la Corte sobre la acreencia santafesina ante el Estado nacional. El resultado fue más bien deficitario, en tanto nunca se llegó al horizonte trazado respecto de la deuda, se cobró un bono como adelanto que ahora hay que devolver y las penalidades que se intentaron esquivar (por caso, la eliminación del Fondo Soja) terminaron concretándose de igual modo. Claro que todo esto no se sabía al momento de la suscripción del convenio y en esa oportunidad primó la responsabilidad de gobierno, más allá de los desaciertos que puedan apuntarse con el diario del lunes o incluso aquellos que fueron señalados en tiempo y forma.
Hay probablemente sólo dos personas que escapan a esta lógica de gobernantes y comentaristas. El presidente Alberto Fernández es una de ellas, a partir de su proverbial adicción al opinionismo, propio de dirigentes capitalinos que viven buena parte de sus días en los sets de televisión porteña. A la otra, y por motivos exactamente contrarios, no es necesario siquiera nombrarla.
*El autor del artículo es periodista y se desempeña como columnista en diferentes medios.
