En 2019, en el marco de un seminario organizado por la Fundación Derecho Social y la Asociación de Prensa de Santa Fe, la reconocida abogada, ex funcionaria kirchnerista y coautora de la ley de medios, Graciana Peñafort, disertó en nuestra ciudad. En esa ocasión, y ante una consulta sobre si la Justicia podía considerarse como un territorio de disputa política, la letrada utilizó una metáfora sumamente gráfica: “Una mamá siempre tiene a un preferido, pero no deja a ninguno de sus hijos sin su plato de comida”. Aquel ejemplo familiar hoy aplica plenamente, pero por contraste: el Poder Judicial, es decir la madre, no solamente tiene predilectos a los que protege -y en algunos casos encubre- sino que además pretende matar de inanición a quienes no lo son.
Si faltaba alguna certeza de eso, lo ocurrido en los últimos días con la denominada “Causa Vialidad” la terminó de aportar. Un juicio cuyo tamaño de grosería en su sesgo exime de mayores competencias legales. No hay chance de que nada que surja de allí pueda alcanzar un presupuesto mínimo de algo parecido a una noción de justicia. Al menos de lo que normalmente se entiende, o se entendía, por ese concepto.
Como ya la democracia argentina concluyó hace rato la edad del pavo, nadie a esta altura se va a sorprender si alguien dice que la designación de un juez o fiscal es un acto eminentemente político. La rosca político-corporativa es, más allá de las capacidades de los postulantes, la que determina quién pasa el filtro del Consejo de la Magistratura, el envío del pliego por parte del presidente y la aprobación final del Senado. La independencia del Poder judicial, esa simpática consigna republicana que se usa tanto para el barrido como para el fregado, debe inscribirse en ese contexto.
Hasta ahí, con sus más y sus menos, el juego sigue desarrollándose dentro de las reglas básicas. El problema es cuando la disputa en ese terreno adquiere características persecutorias. Cuando se intenta aniquilar políticamente a un adversario a través de una causa judicial, ya sea por la vía del desprestigio o, como se vio en los últimos días, con el intento liso y llano de sacar de la cancha a la jugadora más importante. Nada que no se haya visto en otras zonas del continente, por otra parte.
La provincia de Santa Fe no está exenta de estas arbitrariedades. A otra escala, desde ya, pero la pulsión proscriptiva está allí. La extirpación de Marcelo Sain del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación tras su paso por la cartera de Seguridad del gobierno de Omar Perotti es una comprobación fehaciente de eso. No solamente la mayoría de la Legislatura lo echó de un cargo al que había accedido por concurso sino que lo inhabilitó por 10 años. El argumento de semejante determinación, hace menos de un año, fue que el ex funcionario seguía “actuando en política”. Días atrás, el titular del MPA y enemigo de Sain, Jorge Baclini, participó abiertamente de una actividad proselitista con Horacio Rodríguez Larreta, Maximiliano Pullaro y Gabriel Chumpitaz, sin que ello le valiera sanción alguna.
Esta distorsión grotesca en la prestación del servicio de justicia, que en relación a la vicepresidenta adquiere ribetes impúdicos, es aún más dramática porque no se trata sólo una disputa de la élite política o del tan mentado “Círculo Rojo”. Cualquier persona de a pie que tenga la pésima suerte de estar obligada a pasar por un litigio se expone a tiempos y valoraciones que las autoridades judiciales disponen con total discreción. Es una moneda al aire. O al menos esa es la sensación, que no es poco.
Esa lejanía ciudadana con la Justicia, atizada además con privilegios propios de oligarquías, también es política.
*El autor del artículo es periodista y se desempeña como columnista en diferentes medios.
