El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó este miércoles su "preocupación" por la situación en la provincia de Jujuy, realizó un llamado a "investigar todo indicio de violaciones" a los derechos humanos y le recalcó al gobernador Gerardo Morales que es "de suma importancia evitar una escalada de violencia". 

"ONU Derechos Humanos sigue con preocupación los reportes sobre vulneración de derechos y acciones violentas en el marco de protestas contra una reforma a la Constitución provincial de Jujuy, en Argentina", expresó el representante en América del Sur, Jan Jarab, en una carta enviada a Morales. 

"Hacemos un llamado urgente al diálogo constructivo e intercultural en Jujuy, que garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas y de todas partes interesadas, para superar la crisis mediante vías democráticas e institucionales”, agregó.

La carta fue replicada en sus cuentas de Twitter por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Santiago Cafiero -que este martes estuvo reunido en la ONU con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres- y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien viajó a Jujuy para constatar la situación de los detenidos. 

"Ayer fue la OEA (Organización de los Estados Americanos) a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy, es el mundo a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, en una carta dirigida a usted Gobernador Morales", publicó la Vicepresidenta en su cuenta y cuestionó: "¿Qué más necesita para admitir su responsabilidad y actuar en consecuencia?".

Y agregó: "Hágase cargo y proceda como se lo pide el representante del Alto Comisionado... Y sobre todo, gobernador Morales… deje de hacer el ridículo echándole la culpa a los demás de lo que sucede en Jujuy. Usted es el primer y gran responsable". 

En el comunicado, Jarab indicó que el organismo de la ONU "estima que es de suma importancia evitar una escalada de violencia".

En su carta, consideró que la reforma constitucional provincial "no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos" y pidió una reunión con el mandatario provincial para "abordar el impacto" que la misma puede tener "en el ejercicio de los derechos humanos". 

"La Oficina estima que el diálogo institucional con su despacho podría resultar beneficioso para el correcto seguimiento de la situación actual y, en general, para abordar cuestiones sobre el derecho a la reunión y los derechos de los pueblos indígenas", aseguró.