La Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación criticó públicamente el proceso disciplinario abierto contra el Director del Organismo de Investigaciones, Marcelo Sain, por parte de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura Provincial. 

En una nota firmada, los fiscales anticipan que su opinión “no tiene ninguna relación con ningún tipo de simpatía con la persona del Dr. Sain, quien frecuentemente ha despertado legítimas suspicacias en una gran cantidad de integrantes de nuestra Asociación con sus habituales declaraciones públicas, que en general nos han parecido injustas y desmesuradas, incluso agraviantes”.

Más allá de eso, denunciaron que "las acciones que están teniendo lugar son ilegítimas, incorrectas y dañinas para el MPA y para la sanidad de esta institución”.

“La Ley 14.016, denominada por la prensa como ‘Ley Sain’ conforma el último capítulo de la estrategia sistemática de avasallamiento de la autonomía del Ministerio Público de la Acusación”, argumentan, ya que se establece “una modificación al régimen disciplinario de la Ley 13.013, para ser aplicable retroactivamente” y específicamente “para el caso”.

“Este es el mecanismo que ha sido utilizado para requerir la apertura de un proceso disciplinario contra el Director del Organismo de Investigaciones y para solicitar su suspensión preventiva”, aseguran

En tal sentido, ambas cámaras de la Legisltaura sesionarán en forma conjunta el próximo jueves, para tratar el pedido de suspensión por 180 días —junto a la retención del 50 por ciento de sus haberes— de Sain, por supuestas “faltas graves” en el ejercicio de su cargo al frente del Ministerio de Seguridad.

Sain presentó el viernes pasado un recurso de amparo ante la Justicia laboral de Rosario, para que se declare “ilegítima e inconstitucional” la aplicación retroactiva de la ley que establece incompatibilidades para que ex funcionarios del Ejecutivo provincial puedan acceder a cargos en el Poder Judicial y, de ese modo, evitar su suspensión.

Además, se espera la resolución de la Corte Suprema provincial respecto de la inconstitucionalidad o no de la ley que puso en manos de los legisladores la potestad de sancionar a fiscales y defensores del MPA.