Apenas conocido el acuerdo con el FMI, las alarmas se encendieron en la Casa Gris. Uno de los puntos del entendimiento dispone la limitación a las “transferencias discrecionales” de recursos a las provincias y a las empresas estatales. La preocupación del gobierno santafesino surgía a partir de establecer con claridad si ese concepto incluía el pago de la deuda de Nación con la Provincia definida en dos fallos de la Corte Suprema de Justicia.
Quién rápidamente advirtió que el cumplimiento de las resoluciones judiciales con Santa Fe no estaba en ese rubro fue el ex secretario de Finanzas de Miguel Lifschitz, Pablo Olivares, quien en un documento de análisis indicó que el acuerdo determina que “los gastos que se liquiden en bonos o cualquier otra forma de pasivo que no sea efectivo se registrará como gasto (arriba de la línea en le jerga). No obstante, no se considerarán gastos sobre la línea las liquidaciones con bonos de obligaciones previsionales, coparticipación de impuestos y asignación de gastos con las
provincias y CABA relacionados con procesos judiciales, pagos de atrasos según el CIADI o fallos arbitrales. Esto implica que un pago del Estado Nacional mediante la entrega de bonos a Santa Fe para cancelar la deuda de los fallos por coparticipación no será considerados gastos en los términos del Memorando Técnico de Entendimiento y, por ende, no tendrán efectos en el resultado primario”. Es decir, queda excluido del recorte.
Días después, el asunto quedó definitivamente saldado en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando fueron a brindar precisiones el ministro de Economía Martín Guzmán, el presidente del Banco Central Miguel Pesce y el jefe de gabinete Juan Manzur. Ante una consulta sobre este punto del diputado Roberto Mirabella, perottista si los hay, el tucumano respondió: “estamos hablando de un monto importante, que está en el orden de los 130 mil millones de pesos. Ahí hay una conversación y una negociación con el gobernador Omar Perotti y su equipo de colaboradores. La última contrapropuesta del gobierno nacional fue el día 4 de marzo. Y esperamos esta semana o la otra poder llegar a un acuerdo. Pero está la voluntad y la decisión política del gobierno nacional de cumplir con la sentencia de la Corte”. Es decir: el pago de la deuda con Santa Fe no forma parte del recorte, el monto final está en línea con el reclamo de la Casa Gris y el cumplimiento de la resolución judicial es inminente. El legislador rafaelino le avisó rápidamente al ministro Walter Agosto, según contó por LT9.
Seguramente esos recursos llegarán a la Provincia en formato de bonos. Los recursos que de allí surjan deben ser destinados exclusivamente a obra pública. Por fuera, claro, del 13,4372% que va para los municipios y comunas, según el criterio de la coparticipación. A la ciudad de Santa Fe, por caso, le tocarían alrededor de $1.700 millones. Una cantidad nada despreciable.
Puede decirse que esta controversia es una política de Estado en la provincia. Su origen está en el gobierno de Jorge Obeid, cuando en el año 2006 decidió no adherir a la ley que prorrogaba la detracción del 15% de la masa coparticipable para financiar a la Anses. La gestión siguiente, con Hermes Binner a la cabeza, fue más allá e inició juicio, con el respaldo explícito de su predecesor y de Carlos Reutemann. Al final del mandato de Antonio Bonfatti llegó el primer fallo. Luego Lifschitz intentó infructuosamente el cobro de la deuda con Mauricio Macri en la presidencia, pactos fiscales incluidos. Ahora con Perotti se produjo el segundo fallo y, muy probablemente, el pago. Walter Agosto aparece al principio y al final del camino, en ambos casos como ministro de Economía local.
Dicho todo esto, es necesario señalar que esta historia, beneficiosa para el Estado santafesino, tiene un costado negativo, que generalmente es omitido por buena parte del sistema político y de los medios de comunicación de la provincia. Contra lo que se difunde maliciosamente, los problemas presupuestarios del sistema previsional no comenzaron con las moratorias jubilatorias ni la AUH. De hecho, la Anses cerró el ejercicio 2015 con superávit. El fallo de la Corte sobre los juicios de Santa Fe, Córdoba y San Luis fue el primer golpe al financiamiento a la vasta red de seguridad social que construyó el kirchnerismo. La decisión judicial llegó a los dos días del triunfo en ballotage de Mauricio Macri. Sabrán los cortesanos si lo hicieron para condicionarlo o para allanarle el camino, que tendría un hito con la reforma de 2017, aprobada en el Congreso entre piedras y represión.
En nuestra provincia, 9 de cada 10 jubilados pertenecen al régimen nacional. Es necesario remarcarlo porque, según ciertos análisi,s parecería que los beneficiarios de Anses viven en la Residencia de Olivos.
