El gobernador Omar Perotti firmó el 17 de marzo pasado el decreto N° 408 mediante el cual dispone el financiamiento por 200 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento de Áreas Investigativas del Ministerio Público de la Acusación, creado a partir de la aprobación de la ley de Emergencia en Seguridad Pública y en el Servicio Penitenciario de la provincia.

Se trata de la norma sancionada al cierre del año pasado, cuyo texto final es un mix de proyectos de la diputada socialista Lionella Cattalini y los senadores peronistas Rubén Pirola y Alcides Calvo. El monto decretado por Perotti está en línea con la voluntad legislativa.

Según los considerandos del decisorio, al que accedió LT9, el artículo 16 de la ley establece que el dinero estará “destinado a la provisión de equipamiento y tecnologías para el fortalecimiento de las áreas periciales e investigativas dependientes del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación”.

El OI no es cualquier dependencia. Se trata, nada menos, del órgano de donde fue eyectado el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, cuyo cargo de director había sido obtenido por concurso en 2018. El despido del actual funcionario nacional se produjo tras denuncias de algunos subalternos que dieron origen a la saga aún en curso de presunto espionaje ilegal.

Según Sain, las acusaciones originales y su desarrollo posterior tienen una motivación estrictamente política, un “lawfare a la santafesina”, lo cual es previsiblemente negado por sus contradictores, todo ello mientras se multiplican filtraciones de la causa a la prensa.

Más allá de los sesgos informativos hay un dato que es irrefutable: casi todas y todos los principales protagonistas de esta batalla fueron funcionarios políticos de los gobiernos del Frente Progresista antes de desembarcar en el MPA.