El reciente acuerdo para el pago de la deuda de Nación con la Provincia y sus consiguientes celebraciones y reproches habilitan a poner el foco en otra disputa similar que en Santa Fe, sin embargo, pasó casi desapercibida. Pese a la innegable trascendencia que suponía, tanto por la magnitud como por el origen de los recursos, la eliminación en 2018 del Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Soja, no generó pataleos de consideración, al menos no a la altura del trozo de coparticipación que se destinaba a financiar el sistema previsional argentino.

Como ocurre con cualquier medida de gobierno, la creación del Fondo Soja no fue producto de un ascético ejercicio intelectual sino consecuencia de un contexto determinado. En este caso, en 2009, el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se encontraba bajo el fuerte asedio de la Mesa de Enlace y del heterogéneo bloque político que había asumido sus intereses, que por otra parte contaba con una voluminosa base social. La arremetida del sector, luego de la victoria en la batalla por la resolución 125, era eliminar lisa y llanamente las retenciones. Además de los vahos destituyentes, que se percibían a cielo abierto.

Por otra parte, en la segunda mitad de 2008 había explotado la burbuja de las hipotecas subprime en Estados Unidos y la quiebra del gigante financiero Lehman Brothers declarada en septiembre de aquel año constituyó la formal bandera de largada para la crisis global más grande desde el crack de 1929. Claramente no era una instancia cómoda para ejercer la primera magistratura del país.

Ante esa situación, el gobierno tomó varias acciones, algunas de ellas ciertamente osadas, pero a la postre efectivas en cuanto a los objetivos buscados. La de mayor peso, sin dudas, fue la nacionalización del sistema previsional, que le permitió al Estado controlar una inmensa masa de recursos que hasta ese momento abultaban el tesoro de los bancos, mayormente extranjeros, a través de las AFJP.

Se convirtió así la Anses en una fuente de financiamiento clave en medio del colapso mundial. Para el sector público, claro, pero también para las empresas privadas: General Motors recibió en 2009 un crédito de 70 millones de dólares para la producción del Chevrolet Agile en Alvear, Santa Fe, y de esa manera no sólo evitar que haya despidos sino también incorporación de personal. Pese a las críticas por derecha e izquierda, la meta se cumplió y el préstamo fue cancelado, con intereses, a fines de 2010.

Otra de esas movidas audaces en aquel terremoto, de un tamaño menor en varias cifras pero con altísimo impacto político, fue la creación del Fondo Federal Solidario con el 30% de la recaudación por retenciones a las exportaciones de soja. A partir de allí esa plata pasaba a distribuirse con criterio de coparticipación, automáticamente, a las provincias, las cuales a su vez debían hacer lo propio con municipios y comunas. En este último caso el piso de reparto era del 30% pero podía aumentarse. Hubo jurisdicciones que lo hicieron, no fue el caso de Santa Fe.

El Fondo Soja se convirtió así en un cañón de dinero para gobernadores e intendentes en un escenario de escasez casi total. Y el efecto político fue el buscado: el extendido reclamo de eliminación de las retenciones perdió rápidamente adhesiones institucionales. Porque una cosa es manifestarse alegremente por el desfinanciamiento del Estado nacional y (muy) otra es entregar recursos propio en medio de una crisis planetaria sin precedentes cercanos.

El impacto que tuvo en Santa Fe la llegada de la plata de las retenciones (que bien vale aclarar, la Constitución le asigna al Estado nacional) es notorio. La famosa construcción de los grandes hospitales, como el Cemafe o el Nuevo Iturraspe en la ciudad capital, fue financiada en su mayor parte con el cash del Fondo Soja. Por poner sólo un ejemplo. El ocultamiento de esta realidad fue y es tan grosero que exigiría una columna dedicada específicamente a ese asunto.

El arribo de Mauricio Macri a la Casa Rosada significó lisa y llanamente la muerte del Fondo Federal Solidario. No es una exageración ni un exabrupto. Primero, al reducir los derechos de exportación, esos recursos naturalmente disminuyeron para la Nación, provincias, municipios y comunas. Luego, tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 2018, el presidente resolvió eliminarlo de un plumazo. Literalmente. Por la vía del decreto.

Cuando el gobierno de Cambiemos dispuso pasar a mejor vida al Fondo Soja hubo zapateos generalizados pero resultados diversos. Algunos gobernadores acordaron compensaciones menores. Otros avanzaron en el mismo sentido pero sin llegar a una negociación exitosa. Un grupo minoritario, comandado por el formoseño Gildo Insfrán, decidió recurrir a la Justicia. Idéntico sendero al emprendida por Santa Fe en 2008. Esta vez, sin embargo, la Provincia declinó su participación.

¿Qué es lo que ocurrió en esta ocasión para que la bandera federal del Brigadier López no fuera levantada? Se podrán esgrimir varios argumentos, empezando por el más obvio: es menos plata. Pero hay uno en particular que es difícil de confesar: los segmentos sociales beneficiados y perjudicados en uno y otro caso.

En concreto, el juicio que ahora va a cobrar la Provincia fue por el aporte de las jurisdicciones al sostenimiento del sistema previsional. Lógicamente, al producirse el fallo de la Corte favorable a Santa Fe (no por casualidad tres días después del ballotage de 2015), la disminución de recursos de Anses, hasta ese entonces superavitaria, se tradujo en un descenso sistemático y constante de los haberes reales de sus beneficiarios. En el momento de la sentencia suprema, 9 de cada 10 jubilados y pensionados santafesinos dependían del organismo nacional. Pese a ello, aún hoy se afirma en casi todo el arco político local que aquella decisión judicial fue en línea con “los intereses de los santafesinos”.

En cambio, como ya se dijo, el dinero del Fondo Federal Solidario provenía de las retenciones a la soja, que el gobierno nacional les cobra a las cerealeras exportadoras. Esas empresas, en su mayoría multinacionales, trasladan ese descuento a la cadena, que tiene como primer eslabón a los productores, modalidad que sin embargo jamás les ocasionó padecer un piquete agrario. En este caso, “los intereses de los santafesinos” ya no son los del Estado provincial sino de los particulares que participan de este suculento negocio.

Sin el Fondo Soja, hoy nuevamente gobernadores, senadores, diputados, intendentes, concejales y miembros de comisiones comunales pueden nuevamente adoptar con libertad la pose campera y la divisa rojo punzó para defender a “el campo”, a sabiendas de que sus recursos guardan independencia de esa variable. Por eso mismo, y en momentos en que la guerra en Ucrania impone la suba de retenciones para desacoplar los precios internacionales de los locales, la recreación del Fondo Federal Solidario podría ser una opción para darle a esa medida la solidez política y social que hoy no tiene.

Sería una movida osada y audaz, por supuesto. Y, está a la vista, eso no es para cualquiera.