Históricamente, las personas con discapacidad nos hemos encontrado entre los colectivos que han visto vulnerados sus derechos con mayor frecuencia. La aparición de la perspectiva social -que sienta sus bases en la idea de que la discapacidad no está puesta en la persona, sino que aparece cuando barreras culturales, actitudinales, arquitectónicas, dificultan o impiden el acceso a derechos en igualdad de oportunidades que las demás, a personas con algunas particularidades- ha sido un avance significativo hacia un cambio de paradigma, donde ya no se vincula a la discapacidad y a la persona directamente como una cuestión de salud, si no a la relación (dificultosa) entre la sociedad y este individuo, poniendo el foco en los derechos humanos.

En el año 2006, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad facilitó que una buena parte de la conceptualización de esa perspectiva social se reflejara en compromisos institucionales. Nuestro país adhirió a esa Convención a través de la ley 26378, que luego adquirió rango constitucional mediante la ley 27044. A nivel provincial, la ley 13853 toma estos preceptos como el punto de partida de las políticas públicas en la materia.

Las agrupaciones activistas celebramos la sanción de esta Ley de "Capacitación con carácter obligatorio para agentes públicos que presten servicios en todos los niveles y jerarquías dentro de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial" ocurrida el jueves pasado en el Senado. Finalmente, podemos decir que nuestra Provincia de Santa Fe tiene una norma de carácter ejecutivo que responde a los estándares de la perspectiva social de la discapacidad. No sólo por su texto (y esperemos que en el corto plazo por su Reglamentación y modos de puesta en práctica), sino porque las personas con discapacidad hemos participado activamente en su proceso de construcción. Para quien está aislado de las cosas cotidianas de la temática esto último puede parecer una cuestión menor, por lo que es necesario recordar que las normas que inciden directamente en nuestras vidas desde hace décadas han sido elaboradas, sancionadas y puestas en funcionamiento sin tener en cuenta la voz de las personas con discapacidad.

Sabemos que falta recorrer un largo camino para que los derechos básicos sean una realidad cotidiana en nuestras vidas, pero se ha dado un paso hacia la tarea de abordar la multiplicidad de barreras sociales existentes (en su gran mayoría por desconocimiento) con información, diálogo y respeto por el derecho y la heterogeneidad humana. Para correr límites, ampliar fronteras y acercar la utilización de sus derechos a todas las personas.

Agradecemos a Pablo Farías, actual Presidente de la Cámara de Diputados por tomar esta propuesta y trabajar para que la misma tuviera media sanción en el año 2020. Y también a los senadores José Ramón Baucero y Felipe Michlig por traccionarla dentro del Senado para que sea Ley.

Como siempre, seguimos diciendo: Nada sobre nosotras ni nosotros, sin nosotras ni nosotros.

*La autora es comunicadora y psicóloga social, subdirectora de Accesibilidad y Derechos de las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Santa Fe y tuvo su paso también por el Gobierno provincial.