El pedido público de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) para que se apruebe uno de los proyectos oficiales de conectividad y la decisión del gobierno provincial de avanzar con la instalación de wi fi gratuito en 20 barrios populares reposicionó el tema en el debate político.
“Hacemos un llamado a profundizar los niveles de diálogo y búsqueda de consensos para dotar a la provincia de una herramienta que permita, no sólo mejorar la calidad de vida de cada santafesino, y en una provincia de tanta extensión territorial; sino que asimismo, se dote de la infraestructura necesaria para que la industria santafesina pueda seguir profundizando su proceso de incorporación de tecnología para el desarrollo; lo que va a permitir generar empleo de calidad en cada una de nuestras localidades, coadyuvando al arraigo de nuestros jóvenes en sus regiones”, dice el comunicado de la organización empresaria, con argumentos que no parecen alocados.
Está claro que el bloqueo legislativo a casi todo lo que provenga del Ejecutivo explica en buena medida la ausencia de movimientos en los proyectos de conectividad. Es decir, se trata de razones estrictamente políticas. Lo cual no es ilegítimo, por supuesto, más allá de los reproches que se puedan hacer en temas puntuales, como por ejemplo éste.
Pero allí no se debería agotar la búsqueda de motivaciones para la petrificación de estas propuestas. Porque se suele hablar, cuando se menciona el tópico, sólo del pedido de autorización para contraer endeudamiento por 100 millones de dólares para concretar las obras que permitan llevar internet a toda la provincia. Un número ostensiblemente inferior, por cierto, a los 500 millones de dólares aprobados al gobierno anterior.
Sin embargo, la iniciativa de Perotti no se queda en eso. Está también la propuesta de crear una empresa con participación estatal mayoritaria con facultades para intervenir en todos los segmentos del negocio de las telecomunicaciones. Se trata de la ampliación del objeto social Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM, que en el proyecto de presupuesto 2022 contempla una inversión de $ 2.603.730.000, de los cuales el 97% está destinado a obras. O sea, una estructura ágil para encarar el desafío. No aparenta haber dimensión real del impacto de esta movida en las franjas sociales que se autoperciben progresistas.
Quiénes sí advirtieron de su importancia son las empresas del rubro. “El aprovechamiento de la infraestructura existente es un aspecto esencial que debe ser considerado como el piso desde donde construir el diseño de esta política, dado que permitirá optimizar los recursos del Sector Público. Resulta poco eficiente y altamente costoso, en un momento donde los recursos económicos son escasos, duplicar inversiones allí donde existe capacidad disponible”, señaló la Asociación Santafesina de Televisión por Cable, en un comunicado emitido el año pasado, cuando se inició el debate legislativo. Y agregó: “resulta indispensable y necesario coordinar acciones entre lo público y privado para concentrar esfuerzos económicos y de financiamiento en la creación de redes, troncales o de última milla, sólo donde no existen. Una propuesta no coordinada generará desincentivos para las inversiones futuras de los actores privados, por no contar con el ámbito de previsibilidad que requieren las inversiones de largo plazo”.
En criollo, lo que están pidiendo es que el Estado no se meta donde ellos ya están. Desde ya, como siempre, se suele utilizar como bandera ante la opinión pública a los pequeños cableoperadores del interior e incluso a las cooperativas que prestan el servicio de internet, fundamentalmente, en las localidades chicas. Pero hay jugadores que protagonizan este partido que distan de ser diminutos. El Grupo Clarín, sin ir más lejos.
Aunque no se observe a simple vista, hay un duelo de varios gigantes.
