Hace siete días, una noticia conmovía al sistema político santafesino: los fiscales del MPA Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez allanaban oficinas del ministerio de Seguridad de la provincia en una investigación por una fallida compra direccionada de armas y espionaje ilegal. Rápidamente trascendió que se había secuestrado documentación sensible, que estaba siendo destruida por funcionarios vinculados al polémico Marcelo Sain, como así también celulares y computadoras de esas mismas personas. 

Una versión se viralizó: se habían encontrado “carpetas” de políticos, sindicalistas, empresarios y periodistas. En paralelo, se anunciaba la renuncia masiva del equipo vinculado al controvertido ex ministro.

El trascendido de que se habían encontrado pruebas de espionaje ilegal fue adoptado como un hecho por varios de los principales medios de comunicación de la provincia durante el fin de semana, especialmente el domingo, en que el despliegue tuvo una escala de escasos antecedentes en la historia reciente. Montados sobre eso, dirigentes opositores salieron a plantear que se trataba del “escándalo institucional más grande desde la vuelta de la democracia” y que se estaba en presencia de “una empresa criminal con fines extorsivos que no se veía desde la dictadura”.

Una semana después de este episodio, lo cierto es que el trascendido todavía no es un hecho. Casi nadie duda de la existencia de las “carpetas”, pero aún no vieron la luz pública. Pero además, lo importante es el contenido de esa documentación. Porque aún si la versión fuera certera, la existencia de perfiles de personalidades con cierto renombre, basadas en información relativamente accesible, es claramente reprochable, pero dista de ser la réplica autóctona de la operatoria de Edgar J. Hoover.

Hay ejemplos cercanos para comparar. Las causas por espionaje ilegal que persiguen de manera persistente a Mauricio Macri son uno de ellos. Se pueden encontrar allí teléfonos y mails pinchados sin orden judicial, seguimientos clandestinos, infiltración en reuniones y hasta domicilios particulares, todo realizado por fuera de cualquier mínimo vínculo con el Estado de Derecho. Más allá de la responsabilidad o no del ex presidente, resulta al menos curioso que las voces más estridentes respecto del caso santafesino provengan de Juntos por el Cambio. Y eso es un hecho.

Pero además, la presentación judicial que hizo Sain esta semana tiene aspectos que merecen ser rescatados. Uno, la inexistencia de una orden de un juez para ejecutar los allanamientos. Desde ya que los fiscales tienen la facultad de establecer requisas en oficinas públicas sin autorización de nadie, pero el secuestro de teléfonos y computadoras parece exceder sus atributos. Otro, el espionaje ilegal es un delito de inobjetable competencia federal, no del MPA.

El miércoles pasado, con el telón de fondo del escandalete, el gobernador Omar Perotti y varios de sus funcionarios, incluido el ministro de Seguridad Jorge Lagna, se reunieron con legisladores de la oposición y los intendentes de Santa Fe y Rosario. Allí se habló de comenzar una nueva etapa, basada en el diálogo y el consenso entre todos los sectores, en la búsqueda de soluciones al drama de la violencia urbana.

Esto, que en principio suena razonable, no debe inducir a errores. El ascenso explosivo de los asesinatos en la gran ciudad del sur se produjo hace una década, cuando en la provincia reinaba la “buena convivencia democrática” y la política local estaba “fuera de la grieta”. Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, los dos fiscales presos en la causa del juego clandestino, son producto de ese “diálogo”, por citar sólo dos casos. La realidad indica que ni el consenso ni la ruptura garantizan caminos exitosos.

A la luz de los resultados, eso es un hecho.