Sigue la polémica en Avellaneda por el juicio abreviado contra el exsecretario de Dionisio Scarpin, imputado por abusar sexualmente de su sobrina desde que ella tenía 4 años.

La semana pasada se acordó una sentencia de 7 años de prisión contra Marcelo Galaz, pero ahora el juez Santiago Banegas renunció a la firma de la homologación del acuerdo.

El magistrado sostuvo que se ve afectada su “independencia e imparcialidad”, luego de que el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, anticipara que investigará las responsabilidades judiciales del magistrado que homologue el acuerdo.

En la acusación originaria, la fiscalía había pedido 32 años de prisión contra Galaz, pero en el acuerdo de partes se rebajó a solo 7 años de cárcel, más una indemnización de 6 millones de pesos.

Ahora, la Oficina de Gestión Judicial debe remitir el expediente al juez subrogante para que defina el caso.

Los motivos de Banegas

En el escrito, Banegas fundó su inhibición en las declaraciones realizadas por el Procurador de la Corte Suprema en LT8 de la ciudad de Rosario. El periodista José Maggi recordó el escándalo que envolvió esta causa judicial, a raíz de un audio con la voz del entonces fiscal del caso, Aldo Gerosa, refiriendo a que el senador provincial Orfilio Marcón le pedía que terminen con el caso Galaz antes de comenzar la campaña electoral 2023.

Barraguirre había declarado que “vamos a conformar un legajo de actuaciones, obviamente, como para poder investigar las responsabilidades judiciales, puntualizando que se investigaría la responsabilidad del magistrado en avalar, al homologar un acuerdo de partes en estos términos”.

El magistrado indicó que estas declaraciones de Barraguirre “resultan de una gravedad institucional extrema... se trata de una injerencia indebida e inaceptable que claramente me condiciona a la hora de dictar sentencia”.

Consideró además que las expresiones del Procurador son “la espada de Damocles que se cierne sobre mi cabeza” y que de no resolver acorde al parecer del Procurador puede haber “un proceso sancionatorio en mi contra”.

“Esto me expele del lugar de tercero imparcial e independiente que debería tener al momento de fallar; y me coloca en una posición absolutamente irreconciliable con mi condición de juez: aquello que yo habría de decidir ya no solo traería consecuencias para la víctima y el imputado, sino que incidiría, directamente, sobre mi propio futuro personal y laboral” añadió Banegas en el escrito.

Para el Juez Banegas, "esta situación, de por sí alarmante, luce aún más grave cuando se advierte que la opción que podría acarrear consecuencias perjudiciales hacia mí, es aquella que posiblemente habría tomado, si me hubiese encontrado en condiciones de dictar sentencia libremente y sin presiones indebidas ejercidas por el funcionario referido”.

Añade que lo declarado por el Procurador “me coloca en una encrucijada de la que no puedo salir indemne, careciendo de libertad para fallar conforme a mi leal saber y entender; y es por ello por lo que corresponde inhibirme”.