El asesinato de Ariel Castelló, un vecino que se solidarizó en forma efectiva con mujeres que eran víctimas de un asalto a mano armada, vuelve a poner en el tapete la situación de inseguridad que vivimos todos, sobre todo los que habitan en muchos barrios populares. Un ex convicto que portaba un arma de las que usa la policía, nos habla entre otras cosas de la falta de control real sobre quienes luego de delinquir en forma reiterada, se benefician con libertades otorgadas en el marco legal. 

Dado que se vuelve a mencionar el tema, no está de más recordar que el Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la SEGURIDAD de su persona”. De modo que, al igual que todos los derechos, corresponde al Estado la responsabilidad de garantizarla. Son las autoridades políticas, el Poder Judicial y la policía los que tienen que establecer las políticas de seguridad y actuar frente a situaciones concretas. Pero también les corresponde implementar políticas de inclusión social, educación y trabajo estable, para orientar hacia una vida digna a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, que suelen ser víctimas y victimarios en el mundo del delito. También es responsabilidad del poder político terminar con la corrupción policial, cuya existencia e incidencia en el delito nadie puede ignorar.

Sin embargo, y como suele ocurrir en estos casos, ciertos comunicadores buscan desviar las responsabilidades, atribuyendo sus causas a los “Derechos Humanos”, en forma genérica. Como sí el problema se solucionaría habilitando a la policía a torturar y a asesinar. O que hay que recurrir a la llamada “Justicia por mano propia”. 

Quienes difunden estas ideas, deberían observar lo que ocurre en los países que carecen de todo sistema de resguardo de los derechos humanos, como el caso de México, donde la espiral de violencia ha hecho que la vida pierda todo su valor. Países donde se ha precarizado el trabajo, y reinan la miseria, el narcotráfico, la corrupción y la criminalidad.

De ahí que no puede haber ninguna solución por fuera del Estado de Derecho.

*El autor es integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe