El gobierno de Alberto Fernández finalmente formalizó este jueves el acuerdo de refinanciamiento de la monstruosa deuda con el Fondo Monetario Internacional tomada durante el paso de Mauricio Macri por la Casa Rosada. Este entendimiento provocó, provoca y provocará severas convulsiones internas en el Frente de Todos, entre otros aspectos por la quita de subsidios a las tarifas de la energía, que trae como consecuencia indefectiblemente aumentos en las boletas de luz y gas.
Según dijo el propio Presidente, el acuerdo no supone tarifazos. En esa línea, el proyecto enviado al Congreso establece que, salvo el 10% más acomodado de la sociedad, en ningún caso los incrementos superarán la variación salarial del año anterior.
Claro que allí empieza a jugar la letra chica. Se deja aclarado en la misma iniciativa que ese criterio se impone “conforme los parámetros que determine el Poder Ejecutivo en el marco de su competencia según el servicio público que se trate”. A priori, para Santa Fe eso implica que la regla de segmentación regirá para el gas pero no para la luz, en tanto el primero depende de Nación, a través del concesionario de la zona, Litoral Gas, y el segundo de Provincia, vía la EPE.
Conviene recordar en este sentido que la distribuidora estatal santafesina ya dispuso una actualización tarifaria del 25% en dos tramos, febrero y abril. Ello supone, si se observa que la variación salarial del año pasado superó el 53%, que los incrementos en el área de competencia nacional, es decir el AMBA, serían mayores que los que se pagarán aquí.
Pero no necesariamente será así. Queda por vislumbrarse qué tamaño de tijeretazo en los subsidios se aplicará en la generación de la energía, que es la etapa donde mayor volumen de aportes estatales concentra. Si el recorte allí es sustantivo, el precio de la electricidad mayorista, que es la que compra la EPE para distribuir en Santa Fe, se elevará fuertemente. Lo cual inevitablemente impactará sobre la boleta de la luz.
Un ejemplo claro en ese sentido se puede buscar en el pasado reciente. Entre 2016 y 2019, los aumentos dispuestos por Provincia y Nación se acumularon hasta llegar a duplicarse anualmente la tarifa eléctrica. El reverso de esta situación se vivió en 2020, cuando la decisión en los dos niveles del Estado fue el congelamiento.
La intención del FMI, con el paradójica objetivo de bajar la inflación, es que el costo de los servicios para los usuarios argentinos retome el sendero del ciclo cerrado en 2019. Y, por si faltaba algo, llegó la guerra en Ucrania con la consabida alza del precio internacional del gas. Si, en este contexto, el gobierno de Alberto Fernández logró conjurar en este acuerdo la posibilidad de tarifazos, habrá que admitir que Martín Guzmán es algo bastante parecido un mago.
Como Tu Sam, que siempre bien advertía: puede fallar.
