En sus teorías sobre el populismo, el filósofo Ernesto Laclau elaboró un concepto clave para definir la vastísima heterogeneidad que, al menos en ocasiones, incluyen las categorías políticas: significante vacío. Dicho con la rusticidad intelectual del caso, que el lector sabrá disculpar, la idea de federalismo, que es lo que ocupa a esta columna, acepta muy variados significados de acuerdo a quién se lo otorgue. En criollo, parafraseando a Juan Perón: federales son todos.

Hay discusiones que son muy nítidas. Lo que ocurre con la pelea por la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de ellas. 

Durante la presidencia de Mauricio Macri, CABA fue beneficiada, por la vía del decreto, de un incremento notable de fondos automáticos con el argumento del traspaso de las fuerzas de seguridad, en claro detrimento del Estado Nacional y las Provincias. Con la llegada al gobierno del Frente de Todos, ese flujo fue recortado con la misma modalidad. La administración de Horacio Rodríguez decidió llevar la disputa a la Corte Suprema de Justicia, que ahora se apresta a fallar.

La sospecha de los gobernadores es que la ex Capital Federal lleva las de ganar y de ahí la respuesta política: el proyecto de ampliación del máximo tribunal que será presentado en sociedad este jueves por el presidente Alberto Fernández. No aparece, en este último tramo de la batalla, la huella de Omar Perotti. El reclamo por la deuda de Nación con Santa Fe, cuya resolución fue decidida judicialmente hace años pero aún no materializada en efectividades conducentes, tiene su peso. El vínculo con los ministros santafesinos de la Corte, otro tanto. Federales serán todos, pero romántico nadie.

Esa acreencia de la Provincia con el Estado nacional fue conquistada también bajo la bandera federal. El juicio iniciado por el entonces gobernador Hermes Binner, acompañado por sus antecesores Carlos Reutemann y Jorge Obeid, tenía como argumento que Santa Fe (como el resto de las jurisdicciones) sufría una detracción irregular de fondos coparticipables que era destinado al sostenimiento del sistema previsional argentino. Y aquí surge una evidente diferencia con el caso de la policía porteña: los jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH no viven sólo en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, a fines de 2015, cuando se produjo el fallo de la Corte favorable al Estado provincial, 8 de cada 10 pasivos santafesinos dependían de Anses, que en aquel momento era superavitaria. Las posteriores reformas jubilatorias y el consiguiente deterioro en los haberes, en buena medida consecuencia de aquella decisión, dan cuenta brutalmente de la amplitud del concepto “federalismo”.

Hay hasta aquí, entonces, dos formatos de la lucha rojo punzó. 

Por un lado, CABA vs Provincias y Nación. Por el otro, Provincias vs Nación, pero con perjuicio a ciudadanos de los territorios de la Santa Federación. Existe uno distinto, de plena actualidad: Provincias vs AMBA. Se trata, por ejemplo, de la guerra por los subsidios al transporte. En términos generales, tiene su lógica: el área metropolitana de Buenos Aires se lleva casi el 90% de los recursos. Visto así, las asimetrías son escandalosas. Pero aquí ingresa una complejidad decisiva: ¿Es posible equiparar a la rica y europea Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el pobre y criollo conurbano bonaerense? Para decirlo en términos estereotipados pero entendibles: ¿Es justo que una empleada de casas particulares de La Matanza, que se toma un tren y dos colectivos para llegar a su lugar de trabajo en un piso de Avenida del Libertador, sea sometida a igual tratamiento que una piba de Recoleta que aborda un subte para ir a tomar cerveza artesanal a precio dólar a un bar de San Telmo?

El ejemplo del subterráneo no es antojadizo. Ese servicio, que opera sólo en CABA, hasta 2013 era sostenido íntegramente por el Estado nacional y las tarifas que se pagaban eran ridículas. Ese mismo criterio es el que se está intentando implementar ahora con las 32 líneas de colectivos que tienen origen y destino en la ex Capital Federal, según anunció en reiteradas oportunidades el secretario de Transporte de la Nación, el santafesino Diego Giuliano.

Desde ya que también hay razones políticas: la ciudad de Buenos Aires es el territorio por excelencia del PRO, los cordones urbanos que la rodean son el fuerte del kirchnerismo. Y aquí se engancha otro eje de pelea del amplio espectro del federalismo, que fue exhibido recientemente y de manera descarnada por el pretenso candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro: “¿Por qué los recursos de Santa Fe mantienen vagos en el conurbano bonaerense?” Esta afirmación se apoya sobre un extendido prejuicio, que es el de suponer que el esfuerzo productivo del interior sostiene “planeros” en el GBA. O, dicho en lenguaje de 2015: “Somos la mitad del país que trabaja para que la otra mitad se rasque”.

Por supuesto que esta aseveración no se ajusta a la realidad. De hecho, el ya mencionado partido de La Matanza tiene un producto bruto industrial similar al de la provincia de Santa Fe. Pero esos son los prejuicios, al fin y al cabo. Este caso suele estar muy presente cuando se discuten las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que por lo general viene acompañado de cálculos de este estilo: “con la plata que aporta Santa Fe se podrían hacer X kilómetros de rutas”. Es curioso, en tanto el no cobro de esos derechos a las ventas al exterior no implica una recaudación equivalente en la Provincia, el municipio o comuna de origen, que serían los responsables de la construcción de caminos y carreteras. Ese dinero quedaría en bolsillos privados, obviamente.

Más aún, a modo de contraejemplo: durante la vigencia del Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Soja, que consistía en la coparticipación del 30% de la recaudación por retenciones a las exportaciones de esa oleaginosa, esos recursos fueron usados para la construcción del CEMAFE y el nuevo Hospital Iturraspe, por mencionar sólo dos obras emblemáticas. Ese dinero comenzó a fluir en 2009 y se cortó en 2018, a través de un DNU, sin que nadie pidiera que mueran los salvajes unitarios.

A propósito, valga una digresión para el final. 

En una jugosa nota que le hizo LT9, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, planteó: “Como vimos que con las retenciones el retorno era nulo, de allí que hace un par de meses nos presentamos a la Justicia para que resuelva si los derechos de exportación son constitucionales. Debe ser el Congreso el que fije impuestos”. Desde 1853, la Constitución Nacional, en su Artículo 4°, dice lo siguiente: “El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional”.

Como se puede ver, las presuntas inconstitucionalidades, al igual que el federalismo, sirven lo mismo para un barrido que para un fregado.

*El autor del artículo es periodista y se desempeña como columnista en diferentes medios.