La reapertura de la discusión salarial, fijada este jueves por el gobierno provincial para el inicio de septiembre, en medio de paros y movilizaciones de los sindicatos del sector público, tiene una serie de particularidades que le imponen un formato laberíntico.

El primero de ellos es el más evidente, en definitiva el origen del conflicto: la inflación más alta de los últimos 30 años. Para encontrar un registro más empinado que el actual hay que ir a 1990, en los comienzos de la presidencia de Carlos Menem. Podría decirse, en buena medida, que fue el prólogo de la convertibilidad.

Ahora, con una suba generalizada de precios que se acerca peligrosamente a los tres dígitos, las previsiones del acuerdo salarial firmado en marzo en la provincia de Santa Fe quedaron pulverizadas. Según explicó ATE en un video titulado “Por qué reclamamos”, la brecha entre inflación e ingresos llegará en septiembre a los 18 puntos, de mantenerse el sendero pactado. Nada menos.

En este contexto, las medidas de fuerza son el resultado ineludible. Y, en ese sentido, las dirigencias sindicales deben abordar dos frentes: la negociación con la patronal, es decir el gobierno; y la conducción de las bases, agitadas en su furia por apuestas maximalistas y nostalgias de cláusula gatillo. A propósito de esta última herramienta, utilizada solamente en 2018-2019 en una circunstancia muy particular, hoy implicaría un serio riesgo de atizar aún más el fuego: los sueldos seguirían corriendo desde atrás a los precios, el rasgo indexatorio del mecanismo contribuiría a la espiralización inflacionaria y las cuentas públicas se saldrían de control.

Todo ello con más razón si se observa que reapareció el déficit fiscal en la Provincia. A junio de este año, último dato oficial disponible, el rojo supera los 6 mil millones de pesos. Hay que contabilizar allí la carga del pago de aguinaldos, que en Santa Fe incluyó el segundo escalón de aumentos salariales, pero también los ingresos más fuertes de coparticipación federal por ser un mes de liquidación de Ganancias y Bienes Personales. Conviene recordar, en este marco, que los Estados subnacionales no cuentan con la facultad de emitir moneda.

Pero además, obviamente no está incluido en ese número el frenazo de la economía desatado tras la desordenada salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, ya sea por el desquicio de las variables cambiarias como por el posterior subidón de las tasas de interés. Sumado a ello, la sombra de la guadaña sobre las transferencias a las provincias producto del severísimo ajuste fiscal pactado con el FMI.

Por si faltara algo, el acuerdo por el pago de la deuda de Nación con Santa Fe aún no fue homologado por la Corte Suprema de Justicia. El cumplimiento de ese convenio, cuyo primer desembolso estaba previsto para este mes de agosto, ofrecería una certidumbre que hoy es agua en el desierto. No porque ese volumen de dinero permitiría destrabar la discusión salarial, pero sí ampliaría el margen de maniobra con los recursos públicos.

Además, en paralelo, el presidente Alberto Fernández convocó públicamente a un acuerdo de precios y salarios, sin que todavía se conozca algún formato posible de semejante episodio. Pero en esa línea, el ministro de Economía, Sergio Massa, negocia con las centrales sindicales y las conducciones empresarias algún tipo de recomposición salarial de emergencia bajo una modalidad aún irresuelta.

Como se habrá podido advertir, se trata de una paritaria de alta complejidad. Sin contar, claro, que hay segmentos políticos, económicos y mediáticos que juegan abiertamente al incendio. El gobierno provincial y los sindicatos, que cuentan en sus filas con negociadores hábiles y experimentados, deberán extremar la creatividad para construir un escape al atolladero. De todo laberinto, decía Leopoldo Marechal, se sale por arriba.

*El autor del artículo es periodista y se desempeña como columnista en diferentes medios.