La concreción efectiva de la antipatiquísima medida de descontar los días de paro terminó definiendo la suerte, al menos por ahora, del conflicto docente más duro de los últimos años en la provincia de Santa Fe. Asoma conveniente, en este contexto, indagar en algunas de las razones que llevaron a, en este caso, Omar Perotti a tomar esa drástica decisión, especialmente aquellas que van bastante más allá de esta coyuntura.
Advertencia: esta columna puede resultar aburrida. No habrá aquí grandes calificaciones y descalificaciones de los protagonistas. No se distribuirán certificados de buena o mala conducta. No se pontificará sobre qué se debería o no haber hecho. Ni siquiera se abundará sobre este conflicto en sí. Y hay varias razones para ello. En primer término, porque de lo anteriormente dicho ya hay de sobra. Pero fundamentalmente porque la intención es tratar de entender cómo funciona el sistema de toma de decisiones en un episodio de estas características. Y para eso es necesario despejar el ruido que provocan las broncas: la indignación es un gran combustible para la acción política, pero es ciertamente desaconsejable como método de análisis.
La revisión de registros históricos que guarden total o parcial similitud con el caso 2022 es fructífera en este sentido. Los últimos dos gobernadores socialistas, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, anunciaron descuentos de días de paro. En algún momento incluso se puso en marcha el dispositivo burocrático para ejecutarlos. Si no se llegaron a efectivizar, por las circunstancias que sean, es poco relevante en la búsqueda propuesta en este texto, que es la comprensión del mecanismo político.
Obsérvense algunas declaraciones de mandatarios y ministras de aquellos días: “lo vamos a aplicar de manera automática desde la semana que viene porque creemos que es un acto de justicia con el resto de la población que está pasando un momento muy malo”, “si no van a trabajar, los que se perjudican son los chicos y la educación; por eso, tenemos que abordar el tema maduramente, aunque nos están llevando a una encerrona, nos contestan con un paro y no nos dejan otra que descontar los días”, “se decidió descontar los días de paros porque el servicio educativo no ha sido prestado, es un límite necesario para proteger la integridad del sistema educativo”. No parece haber demasiadas diferencias con lo escuchado en las últimas semanas, más allá de que el perfil de los gobiernos sea ciertamente diferente.
Hermes Binner, el primer gobernador de la era socialista, alguna vez masculló algo, pero nunca llegó a la advertencia neta. La explicación tal vez pueda encontrarse en la necesidad de diferenciarse de sus recientes antecesores y rivales justicialistas, Carlos Reutemann y Jorge Obeid, que aplicaban reiteradamente los descuentos de los días de paro, incluso con la utilización del presentismo. Más aún, teniendo en cuenta que el magisterio mayoritariamente formaba parte de su base electoral. Claro que, causa o consecuencia, no afrontó la etapa actual, descripta en el documento emitido el último 20 de septiembre por el bloque de diputados y diputadas del PS santafesino: “Es la primera vez en mucho tiempo que se suceden tantos días de paro docente: 22 en total en lo que va del año, de los cuales 15 fueron en los últimos 2 meses. Una situación que no ocurrió nunca durante los 12 años de gobiernos progresistas”. Acotación al margen: varios de esos legisladores hace escasos meses acusaban ácidamente a la dirigencia sindical de ser contemplativa –dicho esto en lenguaje vaticano- con la gestión de Perotti.
El radicalismo santafesino también se expidió sobre el conflicto: “Reclamamos el pago de la integralidad del salario docente, recuperación del aprendizaje y el cese de la extorsión política”, sentenció el centenario partido en un duro documento. Si bien la UCR fue una de los dos socios principales del Frente Progresista, ninguno de sus hombres y mujeres ocupó la gobernación o el ministerio de Educación. Para encontrar el último antecedente en la materia es necesario remontarse al gobierno 1973-1976 de Carlos Sylvestre Begnis, que llega de la mano del peronismo pero cuyo origen ucerreísta es indiscutible. Pues bien, fue en esa administración cuando se firmó el decreto que regula actualmente los descuentos de las jornadas de huelga.
De todos modos, y más allá de que sus efectos llegan hasta hoy, se trata de un registro histórico muy lejano. Una alternativa de evaluación posible es observar cómo se conducen los gobiernos provinciales del mismo partido. Mendoza, por ejemplo, que es una jurisdicción grande. Allí, el mandatario Rodolfo Suárez no sólo descontó en agosto los días de paro sino también aplicó recortes en el ítem aula, más conocido como presentismo, que fue impuesto por su predecesor Alfredo Cornejo, hoy perfilado a una candidatura nacional de Juntos por el Cambio.
Ya que aparece la coalición opositora a nivel nacional, es una necesaria obviedad señalar que no hay experiencia de gobierno del PRO en Santa Fe. Pero sí está el recuerdo reciente del paso de Mauricio Macri por la Casa Rosada: vaciamiento de la Paritaria Nacional Docente, represión a una protesta de Ctera en la plaza del Congreso, persecución a la dirigencia sindical, apremios a las Provincias para que apliquen a rajatabla los descuentos de días de paro.
Eso no le impidió a esa alianza arrasar en las dos últimas elecciones legislativas nacionales en Santa Fe, 2017 y 2021. Tampoco evitó que el propio Macri triunfara en nuestra provincia en las presidenciales de 2019, cuando ya se había desplegado en toda su intensidad el colapso económico de sus últimos dos años de gobierno. Para no hablar de 2015, cuando los globos de la Revolución de la Alegría formaban nutrida parte del paisaje santafesino. ¿Qué es lo que revelan estos resultados electorales? Que a una porción significativa de nuestra sociedad no le molesta prioritariamente –cuando no la festeja- la mano dura con las y los trabajadores de la educación, mucho menos con sus dirigentes sindicales. Y ese segmento social, aunque suene paradójico en un análisis lineal, incluye a parte de la docencia, que no es ni de cerca el islote marxista que fantasea la comunicación liberal.
Es en esta sociedad, y no la que sugiere la fragancia guerrera de los microclimas, donde Perotti calcula el costo de ordenar los descuentos. Sobre todo él, cuyo activo dentro del peronismo es precisamente disputar la representación de la franja electoral más reacia al movimiento histórico parido el 17 de octubre de 1945. Es ese perfil el que llevó a Cristina Fernández de Kirchner a entablar alianzas electorales con el rafaelino una y otra vez desde 2011 hasta aquí. Porque sabe que un candidata o candidato “puro” está destinado a perder. Y valga también en sentido contrario: la construcción de un presunto santafesinismo chocará con el 15/20% del padrón provincial que se mantiene fiel a la vicepresidenta, a diferencia de lo que ocurre en la gemela Córdoba. Al menos por ahora.
La presencia de Perotti en la mayoritaria fracción anti o no K de la sociedad santafesina es vista con activa atención por parte de la dirigencia opositora. La posición del radical Maximiliano Pullaro es sintomática al respecto: criticó, como siempre, con gran dureza al gobierno provincial, pero no dejó de aseverar que “es reprochable la actitud de ciertos sectores del sindicalismo a quienes claramente no les importa la calidad educativa ni el futuro de nuestros chicos. Eso también tiene que cambiar, sólo con un mínimo de 180 días de clases se puede discutir el resto”.
Y aquí surge otro punto clave: la demanda social de que las chicas y los chicos estén en las aulas. Ya se verificó durante la cuarentena, fue capitalizado políticamente por la oposición. Esta exigencia se explica por tradición educativa de la población argentina, pero también porque es la escuela un factor clave en la organización familiar del día a día. Especialmente en las capas sociales más castigadas, aquellas que no pueden pagar niñeras o profesoras particulares. En este contexto, el cálculo es evidente: cuando un conflicto docente se extiende en demasía, el costo político más alto es no resolverlo. De la manera que sea.
Se podrá indicar, no sin razón, que hasta aquí el análisis estuvo realizado sobre el universo de gobiernos no kirchneristas. Inclusive desde espacios internos que confrontan con Perotti se le adjudicó escaso peronismo en sangre al gobernador por tomar esta medida. El argumento es ciertamente válido y –tal vez- eficaz en tanto chicana y táctica de diferenciación, pero no se ajusta necesariamente a la realidad.
Hay, en este aspecto, un ejemplo muy gráfico. En 2010, cuando lo consultaron si iba a recortar el pago de las jornadas de huelga, Hermes Binner contestó filosamente: “cuando los gobernadores nos encontramos para participar de alguna actividad programada, Scioli, Urribarri, Capitanich, Schiaretti, todos ellos nos plantean: ‘¿Por qué ustedes no descuentan, si todos nosotros descontamos?’”. “Todos ellos”, del Partido Justicialista en sus diversos formatos. Más acá en el tiempo está el caso de Alicia Kirchner, hermana de Néstor y cuñada de Cristina, que decidió aplicar “salvajes descuentos”, según el gremio docente santacruceño, cuando afrontó un paro extensísimo que hacía juego de pinzas con el cierre del grifo de recursos desde el gobierno nacional de Cambiemos.
Pero no sólo ellos y ellas, gobernadores peronistas. Durante los 12 años de kirchnerismo al frente del Estado nacional se promovieron varios avances acordados con los gremios en materia educativa: inversión en infraestructura y materiales didácticos, salarios y condiciones de trabajo. Por recordar sólo algunos: la ley de financiamiento que estableció una asignación mínima del 6% del PBI para el área, la Paritaria Nacional Docente, el programa Conectar Igualdad, la escuela secundaria obligatoria. Eso no evitó que, en 2014, la mismísima Cristina Fernández de Kirchner aseverara: “si hemos hecho toda esta inversión y todavía nos falta en calidad educativa, ¿es tan ilógico que estemos discutiendo el rubro ‘presentismo’ o, si quieren, ‘presencia pedagógica’?”. Y luego fue más allá: “va a ayudar a los gobernadores para poder administrar también correctamente la educación en sus provincias: no puede ser que cada año sea un parto el inicio de clases por la discusión salarial. ¡No puede ser que sea un parto!”. Por si faltaba algo, redondeó: “Uno muchas veces tiene la sensación de sentirse rehén porque los chicos tienen que empezar las clases, porque a la familia se le complica toda la vida si los pibes no van a clases. La gente tiene que laburar, la gente tiene que hacer cosas”.
¿Cuál es entonces, además de lo ya expresado, el punto de coincidencia entre gobernantes del más diverso pelaje para utilizar, en modalidad amenaza o ejecución, el descuento de los días de paro? Son de partidos patronales, se dirá desde el trotskismo. Y es cierto, en un sentido. No porque todos sean lo mismo, que es una forma de fingir demencia. Las fuerzas políticas aludidas en esta columna tienen vocación de poder. Fueron y quieren ser gobierno. Y en ese paquete está incluido el rol de patronal.
En ocasión de anunciar descuentos, el entonces gobernador Bonfatti arrojó una frase esclarecedora: “no es gratuito hacer paros”. Mirando el reverso de esa afirmación, lo que subyace es la convicción de que si es gratis hacer huelga, la prestación o no del servicio educativo queda librada a la conciencia individual o colectiva de la docencia. ¿Para qué entonces elegir gobierno cada 4 años?
La testimonialidad tiene sus comodidades. Pero para cambiar la realidad, al menos en este país y en esta provincia, se necesita la botonera del Estado.
