Dos policías retirados que son investigados por integrar una asociación ilícita dedicada al juego clandestino en Rafaela continuarán en prisión preventiva. Así lo resolvió el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, en una audiencia de revisión de medidas cautelares que se desarrolló ayer de forma remota en los tribunales rafaelinos.

Los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema llevan adelante la investigación. Los representantes del MPA informaron que “el magistrado rechazó el pedido de la Defensa para que dos policías –de iniciales JJAP y FEF– de los cinco imputados recuperen su libertad”. En tal sentido, aclararon que “no hubo ningún planteo en relación a los otros tres hombres, razón por la cual, luego de lo resuelto ayer, todos siguen en prisión preventiva”.

Los funcionarios del MPA manifestaron que “los abogados de los imputados alegaron que existían nuevas evidencias que, desde su punto de vista, ameritaban la revocación de la medida cautelar impuesta”. En tal sentido, remarcaron que “desde la Fiscalía nos opusimos porque entendemos que en relación a los hechos nuevos alegados, algunos de ellos ya fueron tratados en audiencias anteriores, y otros no son relevantes para incidir en la situación procesal de las personas investigadas”.

Los funcionarios del MPA mencionaron que “los dos imputados acerca de quienes se resolvió que continúen privados de su libertad fueron jefes de la Unidad Regional V Rafaela de la policía”.

También se refirieron a los otros tres policías investigados. “El imputado de iniciales JPB también fue jefe de la Unidad Regional V; el de iniciales JAG tuvo a su cargo distintas áreas dentro de la fuerza; y el de iniciales FFA prestaba funciones al momento de ser detenido”.

“Los cinco imputados son investigados como coautores del delito de asociación ilícita en calidad de organizadores. Además, a los imputados de iniciales JPB, FEF y FFA se los investiga por ser partícipes necesarios del delito de organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”, concluyeron Loyola y Lema.