El diputado provincial, Rubén Giustiniani, solicitó al gobierno provincial que suspenda los aumentos tarifarios en el agua y la electricidad para combatir la inflación y disminuir el impacto en los bolsillos de las familias santafesinas.

En diálogo con “Primera Mañana”, el diputado provincial indicó que “las últimas boletas que están llegando de luz asustan, con aumentos del 71% para usuarios residenciales desde diciembre. Nos manifestamos en contra de los aumentos pedidos para agua y luz, por encima de la pauta inflacionaria”.

“Estamos pidiendo que se tenga en cuenta el fallo de la Corte en el caso SEPI cuando habla de razonabilidad en los aumentos de las tarifas y su correlación con el poder adquisitivo de los salarios” agregó Giustiniani.

En otro tramo del reportaje, el legislador indicó que “estos aumentos realimentan la inflación porque las subas tarifarias también impactan en los costos de los comercios que los trasladan a precios”.  

Giustiniani sostuvo que “al quite de subsidio de Camesa se le ha sumado este último tarifazo que golpea fuertemente en un momento muy complicado. El gran consumo de energía que tuvimos por las altas temperaturas que atravesamos deriva en los valores altísimos que están llegando en las facturas. Asustan los valores que vemos en las facturas de electricidad y agua".

Agrego que “estamos pidiendo la suspensión de los aumentos por una cuestión muy elemental: siempre dijimos que los tarifazos tiene componentes negativos; por un lado quitan el poder adquisitivo de la gente, es decir que se está gastando cada vez más en tarifas de luz y agua. Y además, significa un componente mayor a los sueldos que tienen los trabajadores y trabajadoras, por lo tanto es un golpe al bolsillo de los usuarios, a la economía familiar, golpean al comerciante y al industrial".

Cabe recordar que, desde diciembre hasta marzo ha sido del 70% y ahora un nuevo tarifazo del 40%. Giustiniani afirmó que “tenemos que debatir en profundidad la necesidad de una empresa que sea cada vez más eficiente, con tarifas justas y razonables, con un servicio acorde a las necesidades de los usuarios y de la producción; y con un ente de control que garantice su funcionamiento”.